El fin y las formas

Dar por ciertas las acusaciones del proceso de instrucción del caso Gürtel, a través de la publicación de partes del sumario, parece haber logrado desacreditar a importantes miembros del Partido Popular. Sin entrar en disquisiciones sobre cuáles fueron las infracciones cometidas o sobre quiénes y en qué medida se vieron afectados por la trama de corrupción, creo que existen circunstancias en esta investigación que eclipsan los supuestos hechos delictivos que pretenden juzgarse. Así vemos como una parte de las actuaciones que se llevaron a cabo, fueron realizadas sin las debidas garantías constitucionales y procesales. La violación del secreto de las comunicaciones mediante la grabación de las conversaciones entre los abogados y sus clientes, imputados en el proceso, ha parecido no tener mayor repercusión. La gravedad de este extremo es de tal magnitud que, dar por válido un procedimiento que es utilizado únicamente en casos de terrorismo o crimen organizado internacional, va más allá de lo que cualquier Estado de Derecho puede llegar a permitir. Esto, unido a las filtraciones intencionadas de partes del sumario, sobre las que recaen medidas cautelares, convierten al sistema judicial español en un circo en el que se pisotea el derecho a la tutela judicial efectiva y en el que la indefensión no parece un obstáculo en los procesos. Poco importa si se pone en peligro la validez de la causa por la posible nulidad de las actuaciones, sólo quedará el escarnio público.

Y el caso Faisán. Que un miembro de la policía dé aviso a un terrorista sobre un operativo en el que se le pretende apresar, resulta extraño. Quizás es menos extraño si ese aviso tiene lugar en un momento en el que el Gobierno trata de negociar con los terroristas. Y resultaría hasta lógico si ese aviso lo realizara un policía mediante una orden política por parte de…. quién sabe. Ocurre que esa lógica esta pervertida. Que el Estado coopere con los terroristas resulta repugnante, pero, además, tiene consecuencias penales. Podría ser que nunca llegáramos a conocer la identidad de la persona que diera esa orden política, pero la infamia le perseguirá, así como a los policías que cooperaron en la ignominia y a los jueces y fiscales comprensivos con ésta.

Se hace difícil creer en la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios, pero aún menos si esos fines son arbitrarios y partidistas. Espero que se llegue a demostrar que nadie está por encima del Estado de Derecho, que todo aquel que juega con las reglas básicas, que conforman los pilares de la convivencia, debe pagar las consecuencias. Las formas son igual de importantes que el fondo. No se puede abusar de la buena fe de los españoles, famosa en todos los tiempos.