El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado que se querellará contra el juez Baltasar Garzón y los fiscales que actuaron en la grabación de conversaciones en el "caso Gürtel". Se trata del octavo proceso criminal al que se enfrenta el magistrado de la Audiencia Nacional, si bien, en estos momentos, sólo uno ha sido admitido a trámite (el de Manos Limpias) y otro, relativo a los cobros en Nueva York, está pendiente de la decisión del Supremo.
La operación "Gürtel", la investigación de las desapariciones del franquismo y la Guerra Civil o el sueldo recibido por dar un curso en una universidad de Nueva York son el origen de las últimas
querellas interpuestas contra Baltasar Garzón. En ellas, se le acusa de prevaricación, quebrantamiento del secreto de las comunicaciones, cohecho y estafa.
La más reciente, la anunciada este miércoles por el
Colegio de Abogados de Madrid, que actuará contra el juez y los fiscales que actuaron en la intervención y grabación de conversaciones entre los letrados defensores del "caso Gürtel" y los acusados que están en prisión, si la Fiscalía no inicia ningún procedimiento al respecto.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados considera que dicha grabación es "intolerable para el derecho de defensa", por lo que ha pedido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que depure responsabilidades. Además, ha dispuesto que el Colegio se persone en los procedimientos que puedan iniciarse a instancias del Ministerio Fiscal sobre esta actuación y, en caso de que no haya ninguno, ha autorizado, "desde este momento", la presentación de una querella contra Garzón y los fiscales por la posible comisión de un
delito de prevaricación y otro de
quebrantamiento del secreto de las comunicaciones.
Desapariciones de la Guerra CivilA principios de octubre, la defensa del juez de la Audiencia Nacional solicitó al Tribunal Supremo el archivo de la
querella por prevaricación, admitida a trámite en junio, que el
sindicato Manos Limpias y la
asociación Libertad e Identidad presentaron contra él.
El sindicato acusa a Garzón de prevaricación por considerar que se declaró competente para investigar las desapariciones sabiendo que no lo era. El Supremo admitió a trámite la querella al estimar que lo que se afirma en la misma "no es algo que 'ab initio' pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional".
Cohecho, prevaricación y estafa en EEUU
También en junio de este año, los abogados que denunciaron a Garzón por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, presentaron otra querella por los posibles
delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
Se basaron en los nuevos datos conocidos después de que el Supremo archivara la primera denuncia por cohecho presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por los cobros que recibió el juez de la Audiencia Nacional en EEUU.
El Tribunal Supremo (TS) ha reclamado al Banco de Santander y a la Universidad de Nueva York datos sobre los ingresos de Garzón antes de decidir si admite o no a trámite esta segunda querella.
Panea se querelló contra Garzón ante el TS en junio de 2008 al estimar que pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación por recibir 1,7 millones de dólares del Banco de Santander para actividades docentes en la Universidad de Nueva York y después intervenir en una querella interpuesta contra los responsables del banco.
Otros archivosEl Supremo también archivó el pasado 7 de abril la querella que el PP interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un supuesto
delito de prevaricación en relación con su actuación en el llamado "caso Gürtel".
En noviembre de 2008 otra querella, en este caso la que el ex militar argentino Adolfo Scilingo interpuso contra el juez español por
supuestas injurias al ejército argentino, fue archivada. El Supremo decidió desestimar la querella "al no ser los hechos constitutivos de delito".
La única admitida a trámite, en un tribunal extranjeroEl
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fue el único que, hasta el momento, había admitido a trámite una demanda contra el juez Garzón tras la desestimación del Tribunal Constitucional español. El TEDH lo hizo en mayo de 2007 con la presentada por el ex secretario de Estado de Seguridad
Rafael Vera contra España por la supuesta falta de imparcialidad del juez Baltasar Garzón en el caso del secuestro de Segundo Marey.
La máxima instancia europea ordenó la repetición del juicio por el secuestro de Segundo Marey por el que fueron condenados Rafael Vera y José Barrionuevo, alegando la "falta de imparcialidad" del juez Garzón. Sin embargo, esta decisión del Tribunal no fue vinculante.
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