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mercado energético

Iberdrola denuncia al Estado francés

miércoles 27 de febrero de 2008, 18:05h
Iberdrola ha presentado una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Estado francés, al que acusa de vulnerar la normativa comunitaria al blindar de forma "ilegal" a EDF, confirmaron fuentes de la eléctrica española. En su denuncia, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda que la legislación francesa establece en las leyes 2004/83 y 1983/675 una "peculiar acción de oro estatal" sobre EDF, mediante la cual la empresa queda blindada ante el interés de otros grupos por entrar en su capital.

Para Iberdrola, la normativa contraviene los dos pilares básicos del Mercado Único en la Unión Europea, esto es, la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, recogidos en los artículos 56 y 43 del Tratado de la UE. Al margen de su participación en EDF, que supera el 85 por ciento, el Estado francés cuenta con potestades especiales para gestionar y administrar la compañía.

Una de ellas reserva al Estado la posibilidad de elegir de forma directa y por decreto a seis de los 18 miembros del consejo de administración de la compañía, así como al presidente y al consejero delegado. Además, tiene la facultad de designar a entre uno y cinco apoderados, así como a otros seis consejeros a través de la junta general, en virtud de su control accionarial. Junto a esto, un 70 por ciento del capital de EDF está excluido del mercado de valores francés. Para que el Gobierno francés pueda vender total o parcialmente esta participación, debería modificarse la Ley 2004/803 en el Parlamento.

Iberdrola entiende que la 'acción de oro' disuade a potenciales inversores de cualquier Estado miembro de la Unión Europea de entrar en el accionariado de EDF. Además, denuncia que los inversores carecen de la posibilidad de participar y beneficiarse de operaciones de cambio de control o de adquisición de participaciones significativas.

Fundamento de la denuncia
Para presentar su denuncia, la eléctrica de Sánchez Galán ha tomado como base el derecho de cualquier persona física o jurídica, sin acreditar ningún interés directo o específico, a poner en conocimiento de la Comunidad Europea, mediante denuncia, la existencia de normas o medidas estatales que infrinjan el Derecho comunitario. La compañía entiende que la situación de EDF se escapa a las excepciones recogidas por la UE, y sostiene que la reciente jurisprudencia comunitaria incluye casos similares.

Una vez admitida la denuncia, la Comisión podría incoar expediente por incumplimiento del Derecho comunitario y, tras ellos, decidir si tramita o archiva el caso. El Ejecutivo comunitario puede solicitar información al Estado francés como parte denunciada. Si la Comisión opta por tramitar la denuncia, ésta podría dar origen a un dictamen motivado contra el Estado francés, ante cuyo eventual incumplimiento el Ejecutivo comunitario podría acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).
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