Los juristas animan a los ciudadanos a implicarse en temas medioambientales

Carlos Lesmes y Dimitry Berberoff han participado en las IV Jornadas Jurídicas de Medio Ambiente y Urbanismo que se celebran estos días en Oviedo, donde han hablado de responsabilidad ambiental y ordenación territorial. Como ha explicado Berberoff, el medio ambiente, debido a su carácter transversal, ha adquirido con el tiempo un peso como elemento integrador en las políticas comunes de la Unión Europea.

Dentro del reglamento comunitario existen algunos principios, como los de cautela, prevención y quien contamina paga, y directivas como las de acceso público a la información, de hábitats, de residuos y de control y prevención de la contaminación, que influyen y condicionan las distintas normativas de gestión territorial.

En este sentido, Lesmes ha señalado que conforme a la Ley española de Responsabilidad Ambiental, cuando se produce un daño, puede iniciar procedimientos legales toda persona física o jurídica, así como las ONG dedicadas a la protección del medio ambiente constituidas al menos dos años antes y cuyo ámbito territorial resulte afectado por el daño o la amenaza de daño ambiental.

Asimismo, ha aclarado que los procedimientos administrativos tienen una parte de información pública, en la que todo aquel que se sienta afectado por una infraestructura o por la decisión a tomar, puede participar, presentar alegaciones y hacer sugerencias a la misma. La ley prevé, para el caso de las infraestructuras, que los interesados pueden interponer recursos ante la propia administración o iniciar un contencioso ante la jurisdicción, ha afirmado, ya sean estos ayuntamientos, asociaciones o vecinos. Estos últimos además pueden "actuar políticamente" desde la ciudadanía constituyendo asociaciones.

Pero para que se produzca la participación ciudadana es necesario que haya información, un derecho público que la UE reconoce a través de la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, conocida como el Convenio de Aarhus.

A este respecto, Berberoff ha asegurado que existen suficientes resortes e instrumentos para garantizar a los ciudadanos el acceso a información pese a que hay "cierto desfase entre Aarhus y la posibilidad de los participantes de recurrir", por lo que ha apostado por una "estricta aplicación" del principio de transparencia y porque las administraciones pongan a disposición del público la información solicitada.

Según ha dicho, la participación ciudadana se inscribe en el ámbito de la democracia ambiental, pero es necesario que los interesados se impliquen en un tema en el que "quizá" hace falta más información sobre las herramienta con las que cuentan los ciudadanos a la hora de actuar. Como ha afirmado, "el medio ambiente no es un bien individual" por lo que se debería "propiciar el acceso de las ONG a la justicia" como representantes de una parte de la sociedad.