SITEL: ¿Big brother o fariseísmo?

El Título I de la Constitución consagra en su artículo 18 el secreto de las comunicaciones. No es casualidad su ubicación, en tanto que el precepto en cuestión está englobado en la Sección 1ª de dicho título, que lleva por nombre “De los derechos fundamentales y las libertades públicas”. Ello es así porque el legislador pretendió dotar de la máxima protección constitucional al derecho que todo ciudadano tiene de preservar sus comunicaciones en el grado de privacidad óptimo. Pero, a juicio del PP, ese derecho podría estar conculcándose con el supuesto uso ilegítimo que instancias gubernamentales estarían haciendo de un dispositivo de intercepción de comunicaciones llamado SITEL. O lo que es lo mismo, el Partido Popular acusa al Gobierno de realizar escuchas ilegales con un mecanismo que permite realizar hasta 1.500 escuchas simultáneas.


De ser cierto que las autoridades españolas espían ilegalmente a ciudadanos inocentes, estaríamos ante una flagrante violación del Estado de Derecho. Pero si uno de sus pilares es la seguridad jurídica de la que pende todo el sistema de libertades públicas, otro no menos importante es el de la presunción de inocencia. Así, si en la calle Génova tienen la certeza de que el ministro Rubalcaba ha dado instrucciones para que se espíe a personas del entorno popular, que formule la correspondiente denuncia y aporte al mismo tiempo pruebas que la sustenten. Caso de no tenerlas -amén de recordar que la calumnia también es un delito- bien haría el señor González Pons en utilizar un caballo de batalla diferente para desgastar al Gobierno, no vaya a ser que se le desboque. Más aún si, como es el caso, el sistema SITEL fue adquirido durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Lo suyo es que el Estado cuente con los medios tecnológicos más punteros para luchar contra la delincuencia y, por lo visto, SITEL encaja dentro de este perfil.


En todo caso, el problema no sería el dispositivo técnico en sí, sino el uso presuntamente ilegal que se hace del mismo. Cierto es que hay algunos indicios de que miembros del PP han podido ser espiados y que el señor Zapatero y sus colaboradores no son precisamente de fiar al respecto. Cierto igualmente que muchas de las filtraciones del caso “Gürtel”, siempre administradas con sospechosa maestría, precisión y oportunidad políticas, han podido tener su origen en informaciones obtenidas gracias a SITEL. Pero sin evidencias, nada vale en democracia. Hasta que éstas no aparezcan, que el PP se dedique a arreglar su casa por dentro y a hacer labor de oposición de una vez por todas, que temas no le faltan.