La Audiencia culpa al Gobierno de denunciar y trasladar a los piratas

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido la actuación del juez Baltasar Garzón al ordenar trasladar a los piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero "Alakrana" y ha asegurado que éste desconocía que "existiera intención" de trasladarlos a Kenia.

En una nota informativa, Juanes sostiene que Garzón -que sustituía a su compañero Santiago Pedraz, encargado de la guardia de la Audiencia Nacional cuando el 4 de octubre se detuvo a "Abdu Wiilly" y a "Raageggesey Adji Haman"- no actuó de oficio y sí lo hizo "en el marco de la más estricta legalidad" y en respuesta a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.

El presidente de este tribunal quiere dejar constancia de que tanto el Juzgado como el juez de Guardia procedieron a "legalizar" la situación de los dos personas detenidas por la fragata "Canarias" tras el abordaje del esquife en el que éstas viajaban tras haber abandonado el "Alakrana", que fue secuestrado el 2 de octubre.

Esta actuación de Garzón, añade Juanes, se llevó a cabo previa petición del Ministerio Fiscal y de conformidad con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). "Ni el juez de guardia ni el Juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la Ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les contó su detención", asevera la nota.

Además, señala el presidente de la Audiencia Nacional, Garzón tramitó la causa "por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos atendiendo las circunstancias" y, en concreto, la situación en que se hallaban las personas secuestradas".

El Gobierno asegura que asumió por unanimidad la detención
La Comisión de Coordinación del Gobierno para el seguimiento del secuestro del pesquero "Alakrana" asumió "por unanimidad" la detención de dos de los piratas que asaltaron el atunero a la luz de los informes que poseía el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado a Efe la existencia de esa unanimidad entre los integrantes de la comisión de coordinación después de las informaciones en las que se ha señalado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas que actualmente se encuentran en España. De acuerdo con las fuentes citadas, el JEMAD, el general José Julio Rodríguez, "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata 'Canarias' conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta".

En aplicación de esas normas (la conocida como acción común 2008/8511 PESC del Consejo de la Unión Europea en sus artículos 1 y 2), se procedió a la detención de dos de los asaltantes del atunero "en flagrante delito de piratería". "La comisión de coordinación formada tras el secuestro del pesquero 'Alakrana' asumió esta decisión por unanimidad", garantizan las fuentes citadas.

Esta comisión está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de ella forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; la titular de Defensa, Carme Chacón; la máxima responsable del Departamento de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI; Félix Sanz Roldán; y el JEMAD.

Con la afirmación de que la detención de los piratas fue asumida por unanimidad, el Gobierno sale al paso de informaciones de las últimas horas en las que se apunta a una diferencia de criterio en el seno del Ejecutivo. El diario El Mundo publica que el Ministerio de Defensa intentó que los dos piratas detenidos, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, fueran enviados a Kenia en vez de ser trasladados a España, pero la vicepresidenta primera ordenó a la Abogacía del Estado presentar una denuncia por la que el caso llegó a la Audiencia Nacional.

Por su parte, la Cadena SER ha informado también de la existencia de esas diferencias de criterio y de que el Gobierno ignoró un informe confidencial del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los piratas podía tener sobre las negociaciones para liberar al "Alakrana".