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Nacionalidad a la carta

jueves 12 de noviembre de 2009, 19:41h
Aunque la cita puede ser más propia de un artículo jurídico que de uno periodístico, no me resisto a reproducir el primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley 18/1990, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Dice así: “Las normas que regulan la nacionalidad son, para cada Estado, de una importancia capital, pues delimitan el elemento personal insustituible de aquél. Este carácter fundamental de las normas exige la claridad y coherencia de criterios, de tal forma que la Administración puede saber en todo momento quiénes son sus ciudadanos”.

Pues bien, veinte años después, lo que era capital y fundamental se ha devaluado de tal manera que se ha convertido en un auténtico coladero. La nacionalidad española ya no acredita la vinculación real y efectiva con España sino que es una condición que se adquiere con relativa facilidad, que se confiere como un regalo quizás para fabricar almas agradecidas.

Si Cánovas decía que son españoles lo que no pueden ser otra cosa, hoy sostendríamos que pueden ser españoles los que se lo propongan, dada la ilimitada generosidad de nuestra vigente legislación. Escribió Napoleón que “el orden social de una nación descansa sobre los hombres elegidos para sostenerla”. Estos hombres y mujeres son los ciudadanos fieles al carácter nacional, que integran y conforman la nación con la que se identifican y cuya historia y ser colectivo (García Morente) o carácter (Madariaga) asumen.

No parece muy descaminado quien sostiene que es más sencillo adquirir la nacionalidad española que renovar el permiso de residencia. Si estudiamos las normas sobre la adquisición de la nacionalidad por residencia –que se reduce a dos años para los iberoamericanos y a uno para los casados con español o española- comprobamos que el solo paso del tiempo permite hacerse con el título sin que el encargado del Registro Civil pueda ir más allá de tal certificación. Ni siquiera se ha articulado un protocolo para la valoración del “grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles”. Es decir, no se ha previsto una suerte de examen de ciudadanía para comprobar el grado de integración en la sociedad española ni siquiera el conocimiento del idioma, y todo ello sin entrar en el proceloso mundo de los matrimonios blancos o de conveniencia ofrecidos impunemente en las páginas de internet o en anuncios por palabras.

Pero la famosa ley de la memoria histórica da una vuelta de tuerca no únicamente al romper el monopolio del Código Civil en la regulación de la nacionalidad, sino al introducir una nueva forma de opción para la adquisición de la nacionalidad española a favor de personas que nunca han residido en España y que, todo lo más, guardan una relación histórico-afectiva con el país, pero del que están absolutamente desvinculados: aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español o cuyo abuelo hubiera tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, presumiéndose que son exiliados lo que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 (¡olé por los legisladores-historiadores!). Este desaforado interés por la fabricación de españoles a matacaballo no tiene otra explicación que la vinculación de la nacionalidad con la ideología (y con el voto), tanto más cuanto que estos españoles de la memoria histórica no necesitan renunciar a la nacionalidad que poseyeron en ese momento.

La nacionalidad española se ha convertido así en una condición jurídica conferida a conveniencia o por utilitarismo, con lo que ha perdido su identidad y razón de ser.

Enrique Arnaldo

Catedrático y Abogado

ENRIQUE ARNALDO es Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado. Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial

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