El director general de Seguros, imputado por un supuesto delito de prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal contra el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, por los presuntos delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

La querella, interpuesta por la Agrupación Mutua Aseguradora (AMA), la mutua de los profesionales sanitarios, acusa a Lozano de haber cometido prevaricación en la tramitación de los distintos expedientes remitidos a la aseguradora.

Además de Ricardo Lozano, que tendrá que comparecer el próximo 28 de diciembre ante el juzgado, también han sido citados como imputados el antiguo subdirector general de Inspección de Seguros Juan Pablo del Olmo y la exauditora interna de la aseguradora y su marido.

Según el auto de admisión, al parecer los hechos denunciados pueden ser constitutivos de estos delitos respecto a Agrupación Mutual Aseguradora.

En declaraciones a Efe, Lozano aseguró que "sin duda" todas las acciones que realizó la Dirección de Seguros sobre AMA estaban "motivadas y justificadas".

Lozano mostró su tranquilidad ante esta imputación por el modo en el que ha actuado la DGSFP y por que los Juzgados de Instrucción "suelen admitir a trámite las querellas que reciben", salvo que incluyan algún error o sean totalmente injustificadas.

Explicó que en el auto "no se especifica a quién se le acusa", de entre los cuatro imputados, de los presuntos delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, y mostró su extrañeza por esta querella -presentada hace más de un mes- cuando esas acciones ya están recurridas vía contencioso-administrativa.

La querella criminal de AMA se suma a los recursos civiles que la aseguradora ha presentado en las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las medidas de control en que la DGSFP mantiene a la entidad desde hace casi dos años.

La Agrupación Mutual Aseguradora considera que el organismo supervisor ejerce un "control especial" sobre la entidad y que las medidas que ha tomado carecen de fundamento y pretenden sustituir el Consejo de Administración de AMA.

Durante su intervención en la asamblea de mutualistas del año pasado, el presidente de AMA, Diego Murillo, lamentó que la DGSFP reproche a la entidad prácticas comunes a las sociedades y compañías mercantiles.

Explicó además que, tras dos inspecciones "prácticamente consecutivas", la DGSFP prohibió a AMA que llevara a cabo sin su autorización actos de gestión y disposición de sus activos, distribuyera derramas activas, asumiera nuevas deudas, concediera préstamos, avales o garantía.

Según las imputaciones, la DGSFP consideró "indebida" la participación de AMA en el capital del Banco Guipuzcoano, así como el cargo de consejero en el mismo del presidente de la aseguradora.

El organismo supervisor que dirige Lozano también habría considerado que la aseguradora vulnera los derechos de transparencia en la gestión de la compañía y de información a todos los mutualistas y a la propia DGSFP.

No obstante, desde AMA subrayaron que todas estas imputaciones "carecen del más mínimo fundamento" y que es la DGSFP quien incumple al adoptar medidas de control especial sobre una compañía que no lo requiere, porque es una entidad "saneada, solvente y bien dirigida".

Por todo ello, los miembros del consejo de la compañía aseguraron que se mantendrán al frente de la compañía y defendieron la participación "con vocación de estabilidad y permanencia" en el Banco Guipuzcoano.

Asimismo explicaron que si el presidente de la mutua es consejero independiente del banco y no dominical es porque AMA no cuenta con la participación suficiente en el banco, ya que según los estatutos se requiere una participación del 1,50 por ciento, que la mutua dice que no ha alcanzado "en ningún momento".

Desde la mutua consideraron, además, "inadmisible" que la DGSFP reproche el sistema de compensación económica percibida por los miembros del Consejo de Administración y que está establecido en los Estatutos de AMA, que a su vez están "aprobados y autorizados" por el propio supervisor del seguro.