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Editorial

Presiones frente a la independencia del Constitucional

viernes 27 de noviembre de 2009, 13:05h
El editorial publicado ayer por doce periódicos catalanes -ni mucho menos todos pero si los más importantes- clamando por una resolución favorable al Estatut ha podido ver la luz gracias al artículo 20 de la Constitución Española, que consagra la libertad de expresión. Dicho artículo, como parte de los derechos fundamentales, no se vota, se declara: precisamente para que siga habiendo elecciones. En Cataluña y en el resto de España. También en Europa. Es la forma de democracia pluralista y, por tanto, limitada que nos hemos dado los occidentales. Limitada por el imperio de la ley. Para empezar, por la norma normarum que es la Constitución. Un texto al que debe ajustarse toda la normativa aprobada en España. Para casar sentencias, reglamentos, normas y estatutos de cualquier rango que puedan afectar a la ley de leyes está el Tribunal Constitucional y, si lo suprimiéramos, sus competencias las heredaría una sala especial del Supremo. Así es en cualquier parte de nuestro mundo. Y a ello hay que estar.

Si queremos seguir viviendo en un país civilizado, el respeto a la ley y la separación e independencia de poderes es fundamental. Y, su ejercicio, no ofende la dignidad de nadie. Al contrario, protege los derechos y libertades de todos, que es la mayor expresión de dignidad que imaginarse pueda. Nuestra Libertas, leemos en Cicerón, está en la ley. Es la garantía de la dignidad de los ciudadanos. Y, por ahora -aunque a los nacionalistas les cueste bastante comprenderlo- no estamos en una confederación de principados y condados del Antiguo Régimen. Nadie -o muy pocos- tenemos la impresión de haber concertado, ni por ende roto, pacto alguno que nos devolviera al tiempo de las cartas otorgadas trufadas de nacionalismo neo-romántico, amén de agresivo. Si esa es la idea y ese el siniestro y reaccionario rumbo del autobús, que nos lo propongan claramente para bajarnos en la segunda parada. Porque de la primera, que fue el nacionalismo franquista, ya lo hicimos hace cuarenta años. “Alemania no es nada -escribió Goethe- los alemanes lo son todo”. Esto no va de territorios. Tampoco de derechos históricos, que, en España, se abolieron al pairo de la Constitución de 1812. Esto va de ciudadanos. Vivimos en una república coronada de ciudadanos libres e iguales. Todos -o la inmensa mayoría- nos sentimos tan gallegos, extremeños o andaluces, como vascos, catalanes o castellanos. Porque todos nos sentimos ciudadanos libres. No tenemos “dueño”, sólo “servimos a la ley”, escribió Herodoto hace dos mil quinientos años.

La indignidad consiste precisamente en condicionar, presionar y amenazar la independencia de los tribunales, vaticinando grandes males si su veredicto no se acomoda a nuestros deseos. Pero los vientos y tormentas no vendrán de una sentencia, por equivocada que nos pueda parecer. Los problemas nos llegarán a todos -y nos llegarán crecientes y devastadores- si continuamos precipitándonos por la pendiente de llamar a la fronda contra leyes, sentencias y tribunales: una deriva creciente de la cual el lamentable clarinete de los doce apóstoles del nacionalismo no es sino el penúltimo ejemplo.

El funcionamiento del Tribunal Constitucional es manifiestamente mejorable. Todos sabemos porqué. En eso tienen razón, no sólo los amenazadores periodistas nacionalistas, sino todos aquellos que llevan años denunciando su intolerable lentitud, la politización de sus miembros, el mecanismo de renovación de los mismos y sus frecuentes rencillas con el Tribunal Supremo. Cierto. Sin embargo, es curioso -y sospechoso- que la lluvia de críticas y denuestos arrecie precisamente cuando la cuenta “de la vieja” política empieza a no salir y los magistrados que antes se consideraba como pertenecientes al grupo mal llamado “conservador” parecen cruzar las líneas del primitivamente considerado sector “progresista” y viceversa. Es decir, el desconcierto llega cuando no se sabe cómo van a votar los magistrados. En una palabra, la alarma surge cuando parece que los miembros del Alto Tribunal pretenden ejercer su independencia de criterio y comportarse como lo que deben ser: juristas independientes que deciden conforme a derecho. Entonces cunde el pánico y llegan las amenazas. En una palabra, del Constitucional alarma su posible independencia e inquieta su imparcialidad: por eso, se amenazan sus sentencias Un gran historiador catalán escribió hace ya medio siglo que las cosas comenzaron a trastabillarse en la España del ochocientos cuando se rompieron “los hábitos de obediencia y respeto a la ley”: una conclusión que debería hacernos reflexionar a todos, nacionalistas incluidos.
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