El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, si bien no lo remitirá aún al Congreso porque antes espera debatirlo con los agentes económicos y sociales, los partidos políticos y las comunidades autónomas. Según ha explicado María Teresa Fernández de la Vega, todo el Ejecutivo ha trabajado en el texto, que recoge, no obstante, pocas medidas novedosas.
La Ley de Economía Sostenible contempla un amplio conjunto de medidas en el sector financiero, en el que introduce más transparencia; en el empresarial, donde favorece "el dinamismo", y en los sectores relacionados con la lucha contra el cambio climático. Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado el texto.
Entre los puntos clave destacados por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se encuentran:
- Transparencia en los 'bonus'
El anteproyecto contempla también una mayor transparencia en lo que se refiere a la remuneración del personal directivo no sólo del sector financiero, sino de todas las sociedades cotizadas. Además del informe de remuneración que deberán elaborar estas empresas, el Banco de España prestará una especial atención a estas políticas de remuneración para que sean "responsables" y las entidades financieras deberán publicar información sobre sus políticas de retribución.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberán ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
- Reducción de los plazos de pago
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible reducirá los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo. El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitarán a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
- Agilización de la creación de empresas
Las sociedades limitadas más pequeñas, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros y que suponen el 80 por ciento de las que se crean en España, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros. Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15 por cien del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros.
Estas actuaciones no estarán sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El objetivo, dijo Salgado, es el de facilitar la creación de empresas y la actividad reduciendo significativamente los plazos y los costes para favorecer la competencia.
El Gobierno mejorará la deducción al alquiler, al aumentar la renta mínima para poder disfrutarla, y creará una nueva deducción por obras en la vivienda habitual. Salgado confirmó, además, que la deducción por la compra de vivienda se elimina para todas las rentas con una base imponible superior a 24.000 euros, y se mantiene íntegra para aquellas por debajo de 17.700.
También habrá deducción para las rentas incluidas entre estas dos bases imponibles, aunque será gradual - menor a medida que la renta aumenta-.
Según la vicepresidenta, la deducción para las obras en la vivienda habitual será del 10 por ciento y de hasta 3.000 euros al año, para aquellas que promuevan la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación para personas con movilidad reducida.
- Reformas de los reguladores
El Gobierno acometerá una reforma "ambiciosa" de la
Comisión Nacional de la Energía (CNE), la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la
Comisión Nacional del Sector Postal, y también hará cambios en la
Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como reducir a cinco su número de consejeros.
La autoridad de competencia se reformará para mejorar su gobernanza y los mecanismos de rendición de cuentas.
Asimismo, se prevé la creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la Administración central y las autonomías en materia energética.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy aprobó el anteproyecto, Salgado explicó que la Conferencia Sectorial de Energía ayudará a contar con una "buena planificación del suministro eléctrico" y garantizar la "estabilidad de la red".
Salgado recordó que las comunidades cuentan con algunas competencias energéticas, por ejemplo en el desarrollo de las renovables, y por ello consideró que deben "participar en un ámbito de coordinación".
La ministra avanzó que la norma también prevé la constitución de un fondo público para la compra de créditos de CO2 y la creación de un sello para la certificación de reducción de emisiones.
Asimismo, se revisará el plan estatal de infraestructuras del transporte para dedicar una especial atención al transporte de mercancías por ferrocarril y a la intermodalidad.
También aumentará la competencia en el ámbito del transporte interurbano regular de autobuses y fomentará los planes de movilidad sostenible.
Salgado añadió que la futura ley también impulsará el vehículo eléctrico y fomentará que las administraciones públicas adquieran vehículos no contaminantes.
La ministra subrayó que el Ejecutivo "quiere dar ejemplo" en materia de eficiencia energética y por ello la norma adelanta en cuatro años el objetivo de reducir en un 20 por ciento el consumo energético, es decir, a 2016, en el ámbito de la administración.
Además de estos cambios, el anteproyecto de ley incorpora medidas sobre la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, la agilización en la creación de empresas o mejoras fiscales a la rehabilitación de viviendas, a la I+D+i o a las políticas medioambientales, así como modificaciones en la ley de contratos públicos.
Oportunidades laborales en la lucha contra el cambio climáticoLa vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, considera que proteger el medio ambiente no sólo es un antídoto contra el calentamiento global, sino que es una "ventana de oportunidades económicas y laborales".
Según Fernández de la Vega, la nueva ley contribuirá, entre otros factores, a la internacionalización de las empresas, impulsar la investigación y el desarrollo, la reforma de la desgravación en la compra de vivienda o la incentivación del alquiler, en un "marco energético sostenible" para alcanzar los objetivos propuestos para el horizonte de 2020.
La vicepresidenta ha dicho que son medidas "muy ambiciosas" que el Gobierno encara con "espíritu constructivo", de diálogo y consenso, y que forma parte del proyecto "reformista y modernizador" anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate del estado de la Nación, en mayo pasado, para promover un modelo económico más justo y sostenible.
Por ello, señaló la vicepresidenta primera,
Zapatero comparecerá la semana que viene en el Parlamento para explicar la estrategia para el crecimiento económico sostenible y en la siguiente se hablará también en la conferencia de presidentes a la que han sido invitados los agentes sociales.
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