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Histeria

Alejandro Muñoz-Alonso
lunes 30 de noviembre de 2009, 21:46h
La lectura de lo que en España acontece a través de los medios de comunicación, deja atónito al más avezado seguidor de la política nacional. Colectivamente, este país está bastante loco o al menos esa impresión dan esos medios. Desde ese pobre ignorante con acta de diputado que ha pedido –y logrado con el dócil apoyo de su grupo- que se repare a los moriscos expulsados hace cuatro siglos al energúmeno que pide que se mate a todos los del PP, pasando por la polémica entre el presidente del Congreso de los Diputados y la Conferencia Episcopal, sobre méritos o deméritos para recibir la comunión, aquí se debaten cuestiones y se dicen cosas que, vistas desde fuera, producen estupor y proyectan una pésima imagen de esta España secuestrada por Zapatero y sus cuates. Pero lo más grave -sin dejar de ser, al mismo tiempo, increíble y bochornoso en un país supuestamente serio y moderno- es la movilización de los sectores dirigentes catalanes –editorial conjunto incluido- contra una eventual sentencia del TC que amputase algunos artículos del evidentemente anticonstitucional del Estatuto de Cataluña, como sabe cualquier conocedor del Derecho Constitucional, el más reciente de ellos el ex presidente del TC, Dr. Jiménez de Parga, que valiente y dignamente les ha cantado las verdades del barquero a los soberanistas catalanes.

Yo no sé si esos voceros de la Cataluña en pie de igualdad con el Estado o con España, o como quieran decir -la famosa bilateralidad- representan a muchos o pocos catalanes. Pero da igual, porque nos hallamos ante un patente caso de patología social y política ante el que no caben las razones porque todo nace y se desarrolla en el ámbito de lo irracional, de lo puramente emocional. Así son todos los nacionalismos. Hemos vuelto al “no nos entienden”, supremo argumento que se esgrime cuando se carece de razón y de razones y hasta una persona tan razonable como Sánchez Llibre afirma que es que hay que vivir allí…supongo que para entender lo ininteligible. Intentar echar mano de una interpretación auténtica (en el más estricto sentido jurídico de esta palabra) de la Constitución, no tiene en este contexto ningún valor efectivo. Cualquier razonamiento carece de sentido y hasta de fuerza para quienes se mueven desde la víscera, sin querer atender a cualquier otro enfoque. Es un puro histerismo, pero que no se olvide que eso no quiere decir que esté necesariamente condenado al fracaso, al menos a corto plazo. A largo plazo la locuras se pagan, los que las cometen y, siempre, muchos millones más, pero esta gente, incluido Zapatero, juegan a corto plazo y sin más criterio que el beneficio inmediato propio.

No deja de ser chocante que quienes argumentan que el Estatuto ha sido votado por dos Parlamentos (tres Cámaras) y por un referéndum popular –ciertamente enteco y desgraciado- se paren a mitad de camino en su supuestamente sólida argumentación jurídico-política y traten de desconocer que, según la Constitución, la última palabra la tiene el TC. Una institución ciertamente desprestigiada desde sus orígenes pero que tiene un papel concreto en el entramado constitucional, que no se puede desconocer sin romper la baraja y echarse al monte. El Estado de Derecho es un conjunto de normas, derechos, competencias y recursos que no se puede aceptar a beneficio de inventario: esto me gusta, esto no; esto admito, esto rechazo. Los autores del anticonstitucional Estatuto, con Zapatero a su cabeza, han ido demasiado lejos y ya nadie ve cómo se puede desandar el camino mal andado. Instalados en lo emocional ya no valen los argumentos racionales. Un gran conocedor de los asuntos europeos, el profesor de la Universidad de Nueva York, Joseph H.H. Weiler, acaba de escribir en un espléndido artículo que este asunto “que actualmente se debate en España no es un regreso al futuro, sino un salto hacia el pasado, del que la mayor parte de Europa se ha librado”. Sólo ve una excepción, la lamentable situación de Bélgica (“país cuasi disfuncional”) “que optó por un camino similar”. Y hace una seria advertencia: “Una vez que se ha salido, será imposible volver a meter la pasta de dientes en el tubo”. Pero, ¿a alguien le importa aquí el destino de la supuesta pasta de dientes?

No creo que nadie sepa cómo va a terminar todo esto. Sólo tengo una convicción: a la histeria no se puede contestar con más histeria. Si los forofos del Estatuto han arrojado por la borda el seny, que siempre había sido considerado como una seña de identidad de lo catalán, no cabe sino recoger del suelo lo que ellos han abandonado sin caer en ninguna otra paranoia, aunque sea de signo contrario. Los nacionalistas catalanes echaban mano, a menudo, de ejemplo de Québec y quizás habría que inspirarse en lo que allí se hizo, que fue plantear ante el Tribunal Supremo las posibilidades y consecuencias de una eventual secesión de “la belle province”. A lo largo de unas cuarenta apretadas páginas la alta instancia canadiense rechaza las pretensiones independentistas con sólidos argumentos a partir de una idea clave: “La Constitución asegura el orden y la estabilidad y, en consecuencia, la secesión de una provincia no se puede realizar unilateralmente, de acuerdo con la Constitución” y rechaza que Québec tenga un derecho de autodeterminación ya que “no constituye un pueblo colonizado u oprimido”. Sucedió, además, que municipios y otras entidades territoriales de la provincia reclamaron también para sí el presunto derecho anunciando que entre un eventual Québec independiente y Canadá, ellos optarían por éste. No hubo histeria y el soberanismo entró en horas bajas. Pero, ¿quién cura aquí esos “estados de alma” alimentados de victimismo y arrogancia?

Alejandro Muñoz-Alonso

Catedrático de la UCM

ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO es senador del Partido Popular

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