El 35% eran niños
España investiga a Guatemala por el genocidio de 250.000 personas
miércoles 02 de diciembre de 2009, 10:36h
El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz recibió un informe relativo al genocidio cometido en Guatemala en la década de los ochenta que desvela, que más de 200.000 civiles fueron asesinados en manos del Ejército guatemalteco, de las cuales un 35 por ciento eran niños. Hasta la fecha ninguno de los imputados de la masacre ha sido procesado por la justicia del país centroamericano.
El documento, aportado por el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Freddy Cecerelli, forma parte del procedimiento iniciado en España a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999 contra 7 militares y civiles, acusados de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, entre los que se encuentran los ex jefes de Estado de facto, general Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía (1983-1986).
Según Pedraz, el genocidio que vivió el país centroamericano en mano de los operativos militares Sofía y Victoria 82, y Plan Firmeza 83, causó más de 250.000 víctimas, de las que 45.000 - un 83 por ciento mayas- siguen desaparecidas. La documentación presentada en la Audiencia Nacional española por Cecerelli, en calidad de testigo, está elaborada a partir del análisis de más de 800 exhumaciones de víctimas de la masacre.
Una masacre que, para la acusación, fue "generalizada e indiscriminada", ya que el 35 por ciento de las víctimas fueron niños y un 22 por ciento mujeres, asesinados la mayoría de ellos de un disparo en la nuca.
En la causa también están personadas la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Justicia y Responsabilidad. El magistrado español tomará este martes declaración a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle, quien tiene previsto entregarle un informe del departamento de Estado guatemalteco que aún está clasificado.
Según la acusación, dicho informe identifica a responsables de ordenar perpetrar la masacre cometida en Guatemala en la década de los ochenta. El abogado Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), los planes militares “arrojan indicios contundentes de la existencia de un plan genocida que era implementado durante el conflicto armado”.
