Aminatu Haidar en España: problemas y responsabilidades del Gobierno

El caso de la activista saharaui Aminatu Haidar es complicado desde varios ángulos. Su situación indefinida y confusa comenzó el 13 de noviembre cuando al llegar al aeropuerto de Aaiun en Marruecos, procedente de Nueva York y después de hacer escala en Gran Canaria, fue detenida e interrogada por las autoridades marroquíes. A Haidar se le negó el ingreso al país, se le retiró su pasaporte y fue informada que sería enviada a España, país del que cuenta con una tarjeta de residencia temporal para fines médicos.

Después de varias discusiones entre Haidar por no querer ser expulsada, el comandante del avión que no quería transportarla sin pasaporte y las autoridades de Marruecos que argumentaban que la debía admitirla en su vuelo, la saharaui abordó la aeronave y llegó al aeropuerto de Lanzarote. El gobierno marroquí le había asegurado a Aminatu Haidar y a la aerolínea que no tendría ningún problema en ingresar a España sin pasaporte, ya que su llegada había sido autorizada por el gobierno español. Y ahí empieza el error y el calvario del gobierno español: porque nadie puede entrar en territorio europeo sin pasaporte y, en su caso, visado.

El sábado pasado Haidar, quien se encuentra en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, acusó al gobierno español de ser cómplice del gobierno marroquí, al aceptar su entrada al país sin pasaporte de acuerdo con Marruecos, además de no presionar de manera contundente a Marruecos para que acepten su regreso a El Aaiun, donde reside.

Es verdad que existen acuerdos bilaterales en todo el mundo en cuanto a la expulsión de personas, ya sea al último país donde haya estado antes del destino final, o a otro con el que se tiene algún tipo de vínculo, sin embargo en el caso de Aminatu Haidar las explicaciones son poco claras y aparentemente no del todo apegadas a derecho. En circunstancias normales y legales es necesario, en primer lugar, contar con un documento de expulsión o deportación, que no fue emitido en este caso. Con dicho documento, y a petición del país que decreta la expulsión, se tramita la autorización del gobierno del país de acogida para que se estudie el caso y, en caso de una respuesta afirmativa, se debe informar a la persona expulsada. Tampoco ocurrió esto último ya que a Haidar no se le informó ni entregó ningún documento sobre la decisión y los motivos. Respecto al análisis del caso de Haidar por parte del gobierno español, no queda claro que haya existido de verdad un estudio detallado, sino que más bien parece tratarse de una especie de “favor” al gobierno marroquí.

La falta de un análisis serio del caso para autorizar el ingreso de la saharaui en España, así como de las condiciones y consecuencias de hacerlo, han ocasionado una situación complicada y de difícil solución, en parte también por la postura de Haidar, pero más aún por la falta de seriedad por parte del Ministerio de Exteriores. Al atribuir responsabilidades al gobierno español de la situación, Haidar no está del todo errada.