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Neocaciquismo

Rafael Núñez Florencio
martes 08 de diciembre de 2009, 16:46h
Los problemas graves –y más, si son los graves problemas de una nación- no brotan como setas otoñales de la noche a la mañana. La deriva centrífuga que vivimos en el ordenamiento político español no es, como podría colegir un atento observador que llegara de fuera de nuestras fronteras sin saber nada, un contencioso coyuntural o sobrevenido por circunstancias recientes. Digámoslo más claramente, sin circunloquios y refiriéndolo al caso que ahora más nos inquieta a todos, el encaje catalán: no se trata –o no se trata sólo ni principalmente- de un conflicto que pueda expresarse en forma de nombres propios –Montilla, Mas, Carod, Zapatero-, con siglas concretas –ERC, CiU, PSC, PSOE- o con instituciones en entredicho –Tribunal Constitucional, Cortes, Generalitat, Parlament-. Los medios de comunicación, con su servidumbre al último acontecimiento, tienden a focalizar mucho los asuntos, perdiendo la perspectiva, y, si se trata de temas muy complejos, como es el caso, terminan casi inevitablemente por trivializarlos. Ni siquiera aunque nos remontáramos algunos años y habláramos de los anteriores presidentes catalanes –Pujol, Maragall- o de las condiciones en que se fraguó la reforma estatuaria, estaríamos en condiciones de entender adecuadamente lo que está pasando.

Se ha instalado en el debate político español una tendencia a la polarización simplista -¿a favor o en contra?- que, aliada a un letal desconocimiento del pasado –una actitud ignorante que se comporta siempre en presente: el presentismo- lleva a la demagogia y la batahola. Tal parece que no se busca el entendimiento mínimo que es la base del diálogo sino chillar más fuerte que el otro y, de paso, amenazar al contrario con armas más contundentes que la razón. Esta perversión intrínseca de los objetivos de cualquier debate mínimamente civilizado se amalgama con una marcada tendencia en los últimos tiempos en el ámbito político a hacer borrón y cuenta nueva sin atender a las experiencias anteriores –lo que ha dado en llamarse adanismo-. El resultado de todas esas inclinaciones contraproducentes no nos conduce por un camino de soluciones sino de desquiciamiento y no invita precisamente al optimismo sobre la operatividad del país en su conjunto y, más concretamente, sobre la madurez de su clase política para arbitrar medidas juiciosas y efectivas.

Es precisamente en ese último campo donde me gustaría situar esta pequeña reflexión, que no aspira a descubrir ningún mediterráneo sino más bien a colocarse en la órbita de la evidencia, en la línea del grito del famoso cuento sobre la desnudez del emperador. No quiero por tanto entrar al trapo del debate nacionalista en general ni atender ahora al caso específico de Cataluña, sino fijarme en lo que hay detrás de toda la barahúnda o en el basamento de la marejada política. Sé que todos los que andan implicados hasta el cuello o sumergidos en el fragor de la batalla piden lo contrario, que todos entremos en el berenjenal -más madera, que es la guerra-, pero yo, al menos, echo en falta una disposición más inclusiva y un enfoque más comprensivo (entendido en su doble significado de entender y de abarcar).

La Constitución del 78 fue el resultado de un pacto entre las distintas fuerzas políticas –por esquematizar, derechas e izquierdas, centralistas y federalistas- sobre la base del omnipresente recuerdo-olvido de la guerra civil pasada, que “nunca más” se debería volver a repetir. Sus virtudes fueron el consenso, la moderación y la funcionalidad. Sus defectos, la ambigüedad y la contemporización en aspectos decisivos, tanto ideológicos como instrumentales. Hoy se dice con frecuencia que los lodos actuales vienen de aquellos polvos. Creo que es un enfoque injusto. El futuro nunca está escrito. Las cosas han sido de una determinada manera, pero podían haber sido de otra muy distinta, dependiendo de la concatenación de hechos fortuitos e impredecibles, nacionales e internacionales. Ni entonces ni ahora puede adivinarse el futuro. No hay nada más risible que las profecías de todas las épocas leídas algún tiempo después. Incluso las insuficiencias de antaño –que ya se señalaron en su momento- fueron probablemente inevitables, el peaje que hubo de pagarse por el modo en que se efectuó la transición. Se pudo hacer de otra manera, cierto, pero no está nada claro que ese otro modo hubiera resultado mejor.

Algunos analistas sostienen que las virtudes de aquella transición son hoy los vicios de nuestro sistema representativo, empezando por las listas cerradas que concurren a las elecciones, siguiendo con la ausencia de democracia interna en los partidos y desembocando en la contaminación política que anula en la práctica la tradicional división de poderes, por citar algunas de las más ostensibles máculas de la maquinaria institucional. Con todo, lo que se ha revelado a la postre más dañino para el sistema ha sido la indefinición del ordenamiento territorial, con la puerta abierta a una carrera competencial de las diversas administraciones autonómicas que, en principio, pareció ser privativa de los partidos llamados nacionalistas –en especial, en las zonas vasca y catalana, con Galicia en segundo término- pero que pronto se extendió a las todas las demás, desde el famoso referéndum andaluz de 1980. Cuando los dos grandes partidos de ámbito estatal de entonces, UCD y PSOE, quisieron poner freno al proceso, era demasiado tarde. La sentencia del Tribunal Constitucional de 1983 contra la LOAPA mostraba las dificultades legales para embridar la realidad autonómica.

Esa realidad acabó adquiriendo poco a poco la forma de dinámica centrífuga, propiciando la formación de unas castas dirigentes regionales que fueron acaparando estatus, privilegios y funciones a ojos vista. En todas partes fueron creciendo y consolidándose unas elites locales que, para defender y ampliar sus parcelas de poder, no dudaron en hacer uso del victimismo que en su momento parecía privativo de los nacionalismos vasco y catalán. Más aún, siguiendo el esquema que tan buen resultado les había dado a éstos, no sólo instrumentaron la queja y el supuesto agravio comparativo para apuntalar sus reivindicaciones, sino que no dudaron en envolverse en la retórica de un patriotismo aldeano, con todos los símbolos que antaño parecían exclusivo del Estado común. Hasta en los lugares más insólitos -¡en el mismo Madrid!- se inventaron banderas ad hoc, himnos, festividades específicas y señas de identidad propias. ¡Que nadie se quede atrás en la diferencia!, parecía ser la consigna.

Digámoslo, pues, claramente: aquí y ahora éste es el principal problema político del país (con derivaciones, desde luego, en el terreno económico, social, cultural y educativo). Donde antes había dos problemas –el encaje vasco y catalán- ahora hay diecisiete problemas, con la apariencia de un rompecabezas (o sudoku, como ahora le llaman). Diecisiete legislaciones distintas en los ámbitos más variopintos, desde las licencias de caza hasta los calendarios de vacunaciones, desde los permisos a grandes superficies hasta los programas escolares. Pero las prerrogativas competenciales de los territorios autónomos no están detenidas, antes al contrario, no hacen más que aumentar en una carrera frenética en la que todos miran de reojo al vecino. Pon donde vaya el partido, grupo o sector que mayor soberanía consiga para su territorio, no lo duden, transitarán los demás. ¿Hasta dónde? ¿Quién pone los límites a la insaciable voracidad autonómica? No van a ser las elites locales, beneficiarias de todo el proceso. Pero tampoco lo pueden hacer los grandes partidos de ámbito estatal, que han visto como en sus filas se producía un fenómeno parecido, con incesantes incrementos de poder de sus “barones” territoriales. En el fondo es un fenómeno caciquil de nuevo cuño y, como en el antiguo, quién más, quién menos está prisionero de él o saca algún provecho. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
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