Farsa en Cataluña

El referéndum llevado a cabo ayer en numerosos municipios catalanes para decidir sobre una hipotética independencia es ilegal y peligroso. Los primero, porque se arroga una facultad que corresponde al Estado, como así dispone el artículo 92 de la Constitución. Y lo segundo, porque altera notablemente una convivencia ya de por sí viciada por las constantes salidas de tono de los nacionalistas. Poco importan la bajísima participación de las consultas ilegales y su resultado, por lo demás previsible. Lo que realmente cuenta es la impunidad con la que se conduce la mayor parte de fuerzas políticas catalanas para hacer lo que viene en gana, por más que sus actos violenten la legalidad vigente de manera flagrante.

A nivel práctico, la secesión es un mal negocio para Cataluña. Perdería casi la mitad de su PIB propio si se produjera una hipotética salida de España, por no hablar de las dificultades que tendría el hecho de tener que valérselas por sí misma. La Unión Europea ni consiente aventuras de este tipo ni admitiría la existencia en su seno, ya sea como miembro de pleno derecho o como estado asociado, de un presunto país catalán. El ridículo que están haciendo personajes como Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona que, por cierto, tendría que dejar de jugar en la liga española -política y deporte nunca han casado bien- o algunos políticos nacionalistas, tanto de CIU como de Esquerra, contrasta con el silencio cómplice de un PSOE que está actuando como cooperador necesario en un incendio que puede ser muy complicado apagar.

Pero lo peor es este vendaval de ilegalidad que se está adueñando del país. La inacción de los socialistas en el ámbito nacional, y la indisimulada simpatía de bastantes de ellos hacia este tipo de consultas a nivel catalán es, en términos generales, lamentable y, desde un punto de vista de izquierdas, bochornosa e incoherente. No se puede mirar hacia otro lado cuando las cosas vienen mal dadas. Sería un error mayúsculo minimizar este tipo de comportamientos azuzados por el nacionalismo catalán, cuyo resultado puede ser un deterioro de la convivencia cuya fractura se haría cada vez más difícil de solventar. Es un hecho que hay una corriente secesionista en Cataluña, que por importante que sea no representa está muy lejos de la mitad de sus ciudadanos. Además, no vivimos en un país confederal: la soberanía descansa en el conjunto de los ciudadanos, que no de territorios. Es perfectamente legítimo proponer un cambio de soberanía y Constitución pero a todos nos compete una propuesta que afecta a la organización territorial del Estado y a la definición de la soberanía. Tal es el mensaje que debería transmitir el Gobierno de manera clara y contundente, en lugar de seguir dando carta blanca a los nacionalistas para que sigan erosionando la convivencia con ocurrencias más o menos agresivas. Y de paso, gobernar. Eso implica hacer cumplir la ley y exigir responsabilidades cuando ésta se conculca, como por ejemplo convocando referéndums ilegales.