Argentina: el juzgador juzgado

El Tribunal Federal Oral de la provincia de Santa Fe sentenciaba ayer a 21 años de prisión al juez Víctor Brussa, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). Se trata de la primera sentencia contra un miembro del Poder Judicial desde que se reactivaron en el país los juicios a represores de los “años de plomo”, lo cual supone un salto cualitativo en el ajuste de cuentas pendientes de quienes en el pasado cometieron todo tipo de ilegalidades. En este caso, además, al juez -quien por cierto estuvo en el ejercicio de sus funciones hasta el año 2000, en que fue suspendido en la carrera judicial- se le considera “autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos probados”, compartiendo responsabilidad penal con cinco policías condenados a penas de entre 19 y 23 años de prisión a cinco ex policías en calidad de “coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenaza de imposición de tormentos”. Brusa, uno de los argentinos a los que la Justicia de España solicitó extraditar por delitos de represión, fue acusado igualmente de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo torturas cuando era empleado de un juzgado de Santa Fe.

Todo lo anteriormente descrito viene a demostrar que en los llamados “años de plomo” no fueron únicamente los militares quienes llevaron a cabo la represión, sino que hubo todo un entramado civil al que cabe atribuir la misma cuota de responsabilidad por aquellos hechos. Tiene razón el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al afirmar que la sentencia “marca el camino para el esclarecimiento de la participación del bloque civil del terrorismo de Estado en los crímenes de lesa humanidad”. Tienen razón también los colectivos de víctimas de la dictadura al exigir que los responsables de aquellos actos respondan ante la justicia. Pero no es menos cierto que Argentina lleva demasiado tiempo escarbando en su pasado, con todo el dolor que ello conlleva. Es de justicia que quienes han delinquido rindan cuentas más tarde o más temprano, máxime cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Pero un país no puede avanzar hacia el futuro si sigue con la vista puesta en el pasado. La democracia no es un ajuste de cuentas: es, sobre todo un pacto, un acuerdo que, con frecuencia, viene a solucionar un conflicto civil. España así lo entendió, en lo que fue una transición modélica del franquismo a la democracia. Quizá Argentina debería intentar algo similar.