Democracia y seguridad jurídica

Se supone que las Autonomías son Estado y sus presidentes figuras relevantes que representan al Estado –aunque, a veces, el comportamiento de algunos nos exija que un acto de fe enmascare los hechos. Entre sus deberes más señalados está el respetar leyes, tribunales y sentencias y hacerlos respetar: una afirmación, no por más elemental de recuerdo menos necesario.

De un tiempo a esta parte –y ya va para largo- se suceden y multiplican en España declaraciones extemporáneas e intemperantes llamando a la fronda legal y convocando al desacato judicial. Pocos se salvan de tamaño desatino. Desgraciadamente, vienen de casi todas partes y visten casi todos los colores. Un pobre y estúpido consuelo. Hace pocos meses, se nos despidió monseñor Uriarte de su sede bilbaína aconsejando que “las leyes no se aplicaran de manera estricta” (sic). Nuestro piadoso obispo recomendaba, claro, el diálogo con los terroristas. Es una vieja idea de bastantes curitas vascos. Y bien mirado tienen razón: si pactamos el botín con los salteadores de bancos, a buen seguro que terminarían las persecuciones, tiros por las calles y otros sofocos producidos por la desmesurada insistencia en imponer la ley.

Últimamente, la antorcha del disparate ha pasado a manos catalanas. De algunos nacionalistas catalanes, se entiende, para evitar el abuso de la generalización. La cosa tiene su chispa. El toque a rebato, las carreras, la barretina y los nervios llegan precisamente cuando no salen las cuentas: las cuentas primitivas y sonrojantes que clasifican a los magistrados del Tribunal Constitucional según colores políticos. Pero no: en España el escándalo se ha producido cuando los doctos juristas del Alto Tribunal amenazan con dictar sentencia –sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña- de manera independiente y acorde a supuestos jurídicos, fuera de toda consideración política, como es civilizada costumbre en países de nuestro entrono cultural.

Ante tal riesgo de independencia y separación de poderes, se han movilizado primero los principales rotativos catalanes en un insólito alarde de pensamiento único, hablando en nombre de “la dignidad”…¿de los catalanes? No. Nada menos que en nombre de Cataluña. Dejando aparte el pequeño detalle del porqué discrepar del Estatuto atenta contra la dignidad de nadie, lo que no tiene desperdicio es la pretensión de hablar por boca de Cataluña. Nada menos. Un sujeto inarticulable en términos democráticos pero muy propio de los nacionalistas. Pero lo más inaudito –incluso descontando el miserable porcentaje demoscópico- es que el señor Montilla, Presidente de la Generalidad, pida el apoyo para oponerse a una sentencia que, como acertadamente puntualiza el señor Guerra, aún no se ha pronunciado y que todos, pero él antes que nadie, tenemos el deber de acatar.

La democracia escribía James Madison en el Federalista “hay que moderarla con la república”; es decir “the rule of law” -el imperio de la ley, que decimos en castellano. Los clásicos descubrieron muy pronto que, sin el imperativo moral “de las reglas de los dioses”, como advertía Sófocles, sólo quedaba la ley como el complemento indispensable de la isègoria y la eleutheria -el derecho a la palabra y la libertad que caracterizaban al régimen ateniense. Somos “siervos de la ley para poder ser libres”, escribió Cicerón. La libertad presupone el estado de derecho y, sin él, puede que haya votaciones pero no habrá elecciones. La democracia es un pacto en derecho, un acuerdo de reglas, de leyes iguales para todos y por todos respetadas. Que no de hechos. La igualdad de resultados fuera de la ley, “de número y medida”, como la llamaba Plutarco, era la política de la “tiranía” –el peor de los regimenes posibles, según Aristóteles, “porque no tenía constitución”