La antipiratería, según una ministra de Cultura

La ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, ha cifrado entre cien y doscientas páginas de descarga ilegal las afectadas por las nuevas medidas legales aprobadas por el Gobierno. Pese a que el proyecto no ha hecho más que arrancar, la medida gubernamental genera perplejidades, dudas e inquietudes. Como ya comentábamos en otras líneas, más que ocuparse de promocionar la cultura española y promover el patrimonio cultural nacional, la Ministra parece mayormente “preocupada” por dar vida a iniciativas económicas y recaudatorias. Su afán intervencionista sobre el tema de las páginas Web es manifiesto: además de escudarse en el respaldo de otros compañeros del Gobierno o del mismo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sus declaraciones públicas se caracterizan por ser una mezcla de tono “tranquilizador” junto al deseo de castigar a los malos de Internet.

Sin embargo, frecuentemente olvida que esto no es sólo –ni principalmente- competencia de su Ministerio, ya que, quien decide qué es y qué no es legal, son los tribunales. La Justicia representa uno de los tres pilares fundamentales en un Estado de derecho y los órganos jurisdiccionales se encargan del control y de la administración de la misma. A ellos compete la observación, el control y las autorizaciones en esta materia, en caso de posibles comportamientos ilícitos en páginas web o similares.

El Gobierno debe preocuparse de proponer una sabia maniobra legislativa para no desatar un motín entre los internautas. Resulta evidente que el derecho a la propiedad intelectual debe ser preservado y garantizado. Pero se discuten la manera en que el Gobierno quiere hacerlo ya que su proyecto genera más de un interrogante. ¿Puede considerarse un “potencial delincuente” quien compra una memoria USB, un CD virgen o decide contratar una línea ADSL? Y, ¿de verdad la creación de un órgano especial como la Comisión de Propiedad Intelectual representa una respuesta eficaz sobre el tema? No será que introduciendo un órgano nuevo, especial, ausente en los otros procedimientos administrativos, se incurre en el riesgo de confundir aún más el asunto y dejar todo en un limbo judicial poco claro. Y, finalmente, el Gobierno debe tener en cuenta que los responsables de las páginas cerradas iniciarían un largo proceso judicial que les puede producir un daño irreparable. Y, ¿quién se hará cargo de la indemnización por el cierre?, ¿el Estado o el denunciante? No debe tratarse de un “maquillaje político” o una medida temporal, sino el Gobierno -y no solo su Ministra de Cultura- deben tomarse en serio esta problemática.