La Fiscalía abre diligencias para investigar un posible fraude de Air Comet

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto este viernes diligencias para investigar la posible "conducta defraudatoria" de la compañía Air Comet, propiedad del presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, denunciada por los consumidores tras el cese de operaciones de la aerolínea el pasado 21 de diciembre.

El Ministerio Público ha tomado esta decisión después de que el pasado día 12 el juez Santiago Pedraz no admitiera a trámite la denuncia de CEACU al estimar que ésta contenía "meras afirmaciones desnudas, de todo punto genéricas, sobre la posible existencia de un delito que no permiten iniciar un procedimiento penal".

Para la Fiscalía, sin embargo, de la denuncia "se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva" que, en un primer análisis jurídico, "pueden ser definidos como una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que, en un primer análisis jurídico, los hechos denunciados "pueden ser definidos como una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas".

La Fiscalía considera procedente la apertura de diligencias porque la denuncia "ofrece datos precisos para iniciar una investigación penal" que sirva para aclarar si Air Comet vendió un número elevado de billetes en diciembre de 2009, "conociendo que no iba a poder prestar el servicio de transporte aéreo contratado".

En los fundamentos jurídicos del escrito, el fiscal considera que, a diferencia de lo que sucede cuando se emplea el instrumento procesal de la querella, en este caso no es legalmente exigible la identificación previa de los presuntos responsables de la acción criminal.

Los consumidores calificaron de "inaudita" y "sorprendente" el archivo de la causa por parte de Pedraz, y argumentaron que una sentencia del Supremo establece que las asociaciones "están legitimadas "no sólo para ejercer la acción penal y civil en defensa de sus asociados", sino también de aquellos "consumidores perjudicados que no hubiesen comparecido como acusación particular".

Los Servicios Jurídicos de CEACCU han señalado que agotarán todas las posibilidades jurídicas para que al menos se investigue qué ha sucedido, ya que están recibiendo correos electrónicos de afectados que han comprado billetes con posterioridad al 18 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico el 21 de diciembre. Según fuentes jurídicas, si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional diera la razón a los consumidores y ordenara al juez Pedraz reabrir el caso, el Ministerio Fiscal tendría que abandonar su investigación y traspasar toda la documentación al magistrado de instrucción.