La Universidad de Sevilla en entredicho

La Universidad de Sevilla es una de las instituciones académicas más antiguas del mundo. Fue fundada hace algo más de 500 años por el arcediano Maese Rodríguez de Santaella, y desde entonces su trayectoria se ha visto enriquecida por el paso de muchos profesores y de muchos alumnos que han proyectado su experiencia y su saber en los diversos campos de las ciencias, las humanidades, el derecho y la política. También ha tenido que solventar muchas dificultades a lo largo de su historia. A uno de mis colegas le gusta decir que la Universidad debe estar asistida por el Espíritu Santo, porque si no, uno no se explica cómo puede sobrevivir ante tantas agresiones, muchas de las cuales se generan desde dentro de la propia institución. La última ha sido el escándalo provocado por la “Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas” aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla el pasado mes de septiembre y dada ahora a conocer. En esa normativa, entre otras disposiciones, se remite a una Comisión Docente la resolución de cualquier “incidente” que surja en el curso de alguna prueba o examen. Es decir, se quita autoridad al profesor para que decida la suspensión del examen del alumno que sea sorprendido copiando el ejercicio. Todo lo que puede hacer el vigilante es aportar pruebas, si las hay, para que una Comisión paritaria decida en el plazo de un mes si el suspenso es pertinente. Kafkiano.

Habíamos sido testigos del proceso de degradación de la autoridad del profesorado de enseñanza media y el debate sobre la necesidad de reforzarla en los centros educativos ha ocupado muchas páginas en los últimos tiempos. Pero esa polémica no había afectado a la enseñanza en la Universidad. Ahora, ya la tenemos aquí, provocada no porque se hayan registrado problemas similares a los de los centros de bachillerato, sino porque a unas autoridades universitarias se les ha ocurrido la brillante idea de elaborar un absurdo e innecesario reglamento para conceder toda clase de garantías al alumno que intenta copiar en un examen ante la hipotética arbitrariedad del profesor. Cualquiera que tenga buenas entendederas sabe que un docente que vigila un examen, lo único que hace, en virtud de la auctoritas que le otorga su saber y su experiencia y de la potestas que de ella se deriva, es precisamente velar para que las condiciones de la prueba sean objetivas e iguales para todos. Es la absurda tendencia de garantizar los derechos del mal estudiante, el que trata de engañar, el que no asiste a clase –derecho a la no asistencia también reconocido en la Normativa (Art. 6, 3)-, en vez de proteger y primar la excelencia que es la que verdaderamente prestigia a las universidades.

El escándalo ha sido mayúsculo. Profesores y la mayor parte de los estudiantes –los buenos estudiantes- han puesto el grito en el cielo. El Rector se ha visto obligado a reunir de forma extraordinaria al Consejo de Gobierno para retirar el famoso reglamento, reiterando que todo se ha debido a una mala interpretación de la norma y no a la letra ni al espíritu de la misma. No se sabe en qué acabará el asunto, pero el daño ya está hecho. La imagen de la Universidad Hispalense tardará en recuperarse mucho tiempo y la excelencia tan buscada queda ya lejos de obtenerse.