"Las medidas anunciadas por el Gobierno deberían ser sustituidas por otras"

Desde que comenzó la crisis, se han manifestado contra los empresarios, la banca y la Unión Europea. ¿Alguna vez lo harán contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero?
Hemos hecho movilizaciones de muy diverso tipo. Yo no las situaría contra los empresarios o contra el Gobierno, sino en favor de una salida de la crisis distinta a la que preconizan tanto desde el ámbito empresarial como la que se deriva de algunas de las iniciativas que ha tomado el Gobierno. De todas maneras, ahora entramos en una nueva dinámica. No nos gusta el cariz que están tomando los acontecimientos. Tampoco quiero precipitar ninguna conclusión, pero estamos muy preocupados por que se pretenda aprovechar un contexto como el actual para deteriorar los sistemas de protección social y, en particular, el sistema público de pensiones.

¿Habrá huelga general esta legislatura?
Yo creo que entre todos deberíamos evitar que se produjera, pero nunca voy a decir que nunca va a suceder esto, porque es imprevisible. La crisis no puede deteriorar las condiciones de trabajo y los sistemas de protección social. Eso son derechos laborales, sistema de pensiones, protección al desempleo, etc. Hemos puesto ahí los límites. Nosotros vamos a trabajar, en la medida de lo posible, a través del consenso, para producir medidas que permitan una rápida salida de la crisis y que la economía española comience a generar empleo. Ahora el Gobierno ha anunciado unas medidas que pueden ir, si se materializan, en la lógica del deterioro de nuestro sistema de protección social. Entonces sí vamos a ser rigurosos con lo que defendemos. Creo que esas medidas deberían ser repensadas y sustituidas por otras. Si no es así, en su momento decidiremos qué hacemos.

Muchos ciudadanos consideran que la actitud de los sindicatos con el Gobierno está siendo permisiva y condescendiente. ¿Tienen algo que ver las subvenciones concedidas por el Ejecutivo?
Lo de muchos ciudadanos es mucho decir porque yo también estoy en la calle y, además, me recorro el país de un lado a otro y hablo con muchísima gente. Hasta ahora, lo que he encontrado es mucha comprensión con la actitud que está defendiendo mi sindicato. El dinero que reciben las organizaciones sindicales no lo da el Gobierno porque, entre otras cosas, no es dinero del Gobierno. Está absolutamente regulado en las subvenciones públicas que derivan de los Presupuestos Generales del Estado y que vienen determinadas por las elecciones sindicales. Dicho de otro modo, son del mismo estilo de las que reciben los partidos políticos por su actividad, determinadas por los resultados electorales. Sería tanto como decir que el Partido Popular no podría hacer oposición porque recibe subvenciones del Estado.




¿Es realmente necesario retrasar la edad de jubilación en España para garantizar las pensiones?
En absoluto. Esta medida es innecesaria, es excesiva y, además, el Gobierno no puede estar un día diciendo una cosa y otro día, su contraria. Dicho de otra manera, no se puede ofrecer a las organizaciones empresariales reducir dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social y, seis meses después, decidir que esto se va a poner tan mal que hay que obligar a la gente a prolongar su vida laboral por encima de los 65 años. Que se aclaren. Por otra parte, es innecesario, porque en España tenemos un sistema de jubilación flexible que permite que la gente que tiene que anticipar su salida del trabajo pueda hacerlo, eso sí, con una cierta penalización y, al mismo tiempo, que aquellas personas que pueden prolongar su actividad laboral por encima de los 65 años pueda hacerlo con una mejora de su expectativa de pensión. Entiendo que el Gobierno quiera mandar mensajes a las agencias de calificación, al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea, pero ha escogido el peor de los caminos.

¿Se está abusando de las prejubilaciones?
Las prejubilaciones en España se han ido reduciendo desde unos años para acá. Puede que haya habido algún elemento de perversión en la utilización por parte de empresas con beneficios pero, en lo que yo conozco, por ejemplo, en el sector financiero, lo han pagado con sus recursos, no se ha pagado con recursos de la Seguridad Social. Si se quiere racionalizar el uso de la jubilación anticipada, hagamos una discusión sobre ese particular. Pero ello no debe llevar a plantearse como alternativa provocar que toda la gente, pueda o no pueda, tenga que permanecer trabajando hasta los 67 años.

¿Se está recurriendo con demasiada frecuencia a los expedientes de regulación de empleo?
Se acude mucho a lo que hemos llamado medidas de flexibilidad interna para ganar productividad, esto es, el despido o la suspensión temporal completa de la relación laboral por un período de tiempo entre el trabajador y la empresa. La empresa española, en general, está muy acostumbrada a hacer los ajustes de productividad sobre el factor trabajo. Que ha habido un uso abusivo de estas figuras a lo largo de lo que llevamos de crisis no lo discute nadie. Por eso hemos puesto sobre el tapete, para la discusión, otro tipo de medidas, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo con compensación salarial externa, de manera que se cambie la cultura del despido por la cultura del mantenimiento de la relación laboral entre el trabajador y la empresa para que, una vez superada la situación de crisis, se pueda restablecer la jornada completa.

¿Qué alternativa proponen a la alta temporalidad de los contratos en España?
Lo primero es que se cumpla la ley. En España se ha relajado, y mucho, el cumplimiento de la normativa laboral en materia de contratación. Teóricamente, toda contratación temporal tiene que tener una causa, pero aquí se ha pervertido el uso del contrato temporal. A una persona joven, por ser joven, el primer contrato que se le ofrece es temporal. Hay personas que tienen más contratos realizados que años trabajados, y muchísimas que pasan por 15, 20 ó 30 contratos temporales antes de alcanzar un contrato estable. Esto, en la mayoría de los casos, no se corresponde con la actividad de la empresa, que suele ser estable. Tenemos que intentar, desde la negociación colectiva, buscar la manera de ir erradicando progresivamente la contratación temporal injustificada; que el contrato de obra y servicios se acomode a lo que ha nacido, que es para una actividad excepcional de la empresa. A lo mejor, a través de la negociación colectiva, se pueden establecer topes máximos de contratación temporal a las empresas en función del volumen de su plantilla.

¿Abaratar los costes laborales contribuiría a reducir la destrucción de empleo?
En absoluto. Eso es ideología barata. De lo que se trata, por parte de las empresas, es de aprovechar la crisis para hacer avanzar nuevas formas de contratación, de manera que, con la tesis de proteger a los trabajadores temporales, se equiparen los temporales con los estables, pero haciendo a todos indeterminados, en un sistema de indemnización creciente; así como de reducir los costes laborales por la vía de la reducción del coste del despido, pero también por la vía de la reducción de los salarios, y modificar las condiciones de trabajo.




Numerosos agentes sociales, entre ellos el FMI recientemente, han hecho hincapié en la necesidad de flexibilizar el mercado laboral para que la economía española crezca. ¿Cuáles deben ser las claves, a juicio de CCOO?
En España se necesita flexibilidad, pero hay que buscarla en sitios distintos a donde apunta el FMI o el gobernador del Banco de España. La flexibilidad hay que encontrarla en la negociación colectiva. Es una idea de sustituir la flexibilidad externa, es decir, el despido, por flexibilidad interna, por ejemplo, en la organización de la jornada laboral para el ajuste de productividad. La llave para eso es incrementar el nivel de participación de los trabajadores en las empresas para que las medidas de flexibilidad no queden al albur de la decisión unilateral de los empresarios.

¿No cree que los empresarios tienen mucho que decir de cara a la recuperación del empleo?
Sí, por eso negociamos con ellos, pero tampoco es cierta esa afirmación que acostumbra a hacer Gerardo Díaz Ferrán de que “nosotros somos los que creamos empresas, nosotros somos los que creamos el empleo, nosotros somos quienes tenemos que decidir”. Si fuese así, no se entendería que esté reclamando a la Administración inversión pública en infraestructuras, en vivienda, o ayudas para el sostenimiento de las empresas. La actividad económica y el empleo lo genera la inversión, la privada y la pública. Por eso hay que establecer puntos de equilibrio. Hay intereses a proteger de los empresarios, pero ello no puede ir en detrimento de las condiciones y los intereses del resto de la población, en este caso, de los trabajadores.

¿Es sostenible pagar cada vez más prestaciones por desempleo mientras el Estado ingresa cada vez menos?
No es sostenible de por vida. Si la crisis se mantiene por años, vamos a tener muy serias dificultades para proteger a las personas, para hacer carreteras, para mantener los hospitales… Pero, en estos momentos, había que proteger a las personas, sabiendo que 421 euros no dan para sostener a una familia. Pero había que ofrecer un mínimo que permitiera establecer un puente entre la pérdida del empleo y la consecución de otro, como elemento complementario a los sistemas de protección que legalmente tenemos establecidos. Ahora lo que corresponde es generar actividad para crear empleo. En este sentido, el Plan de Austeridad que acaba de aprobar el Gobierno no parece la mejor vía para hacerlo. España necesita incrementar sus niveles de ingresos a través de la fiscalidad. La gente tiene que saber que si no hay contribución fiscal, no habrá hospitales, ni institutos, ni universidades, ni carreteras, ni ferrocarril… y, por lo tanto, ahora toca incrementar la presión fiscal, buscando el lugar donde hacerlo y repartiendo la carga de forma equitativa, de manera que pague más quien más tiene, no como ha hecho el Gobierno, subiendo el IVA, que grava lo mismo a quien tiene unas rentas escasas como a quien tiene rentas altas.

¿Qué efectos concretos va a tener la Ley de Economía Sostenible?
No voy a negar que pueda ser útil, pero las leyes por sí solas no cambian los modelos económicos. Pueden inducir dinámicas. Ahora de lo que se trata es de poner los medios con políticas concretas en relación con los sectores, y esto es lo que le falta a la ley. Creo que hay que aplicarse más en materia de objetivos de política industrial, de I+D+i, necesitamos ganar la batalla de la calidad en el sistema educativo, la formación profesional necesita ponerse en correspondencia con las necesidades del modelo económico, necesitamos una política energética más adecuada para un país altamente dependiente. Éstas son las cosas que deberían acompañar a una Ley de Economía Sostenible.