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¿Estudiantes o informantes?

miércoles 03 de febrero de 2010, 19:36h
Uno de los nuevos sucesos que tiene a todo el mundo hablando es el anuncio del presidente colombiano Álvaro Uribe de la inclusión de estudiantes mayores de edad en la red de informantes del Estado, con el fin de fortalecer la seguridad en la ciudad de Medellín. Durante el 2009, el número de asesinatos en esta ciudad fue el doble del 2008; situación que ha llevado al mandatario a tomar dicha decisión. Como retribución, los estudiantes informantes recibirían 100.000 pesos (US$ 50.00) mensuales. Las protestas a esta propuesta no se han hecho esperar: estudiantes, padres de familia, políticos uribistas y de la oposición, candidatos presidenciales independientes; sin embargo, el jefe de Estado ha insistido en la necesidad afirmando que “El derecho a la vida lo tenemos que defender todos”.

En primer lugar, observando las expresiones y condiciones en las que se hace la propuesta desde la Presidencia es muy difícil evitar el recuerdo de las Convivir. Entre 1994 y 1997, ante la creciente violencia en los sectores rurales, el gobierno colombiano conformó grupos de vigilancia (denominados CONVIVIR) “como una respuesta oficial para dotar de un nuevo marco legal a la defensa que los campesinos y hacendados hacían de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrilleros” (Decreto Ley 356 de 1994). La justificación dada por el entonces ministro del Interior Horacio Serpa a los medios fue: “para que los ciudadanos pudieran cumplir una actividad de cooperación con la Fuerza Pública, en el propósito de brindar mejores márgenes de seguridad a los colombianos” (Revista Alternativa, Nº 8, 1994). Muchos de estos grupos habrían de hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidos como Paramilitares.

Así, en medio de una era en la que nuestra clase política se ha visto involucrada con dineros del paramilitarismo y narcotráfico, el señor presidente (el mismo que siendo gobernador de Antioquia en 1996 lideró la conformación de las Convivir en su departamento) se le ocurre decir, con las mismas palabras que entonces justificaron la creación de un dolor de cabeza que todavía nos atormenta, que quiere hacer de los estudiantes “informantes oficiales” de la fuerza pública; medida que ha sido interpretada por gran parte de la comunidad como una decisión desesperada y espontánea ante la ineficacia de la fuerza pública en las ciudades.

Cuando decimos que la educación es la medida liberadora para los países latinoamericanos, lo afirmamos precisamente porque ella brinda apertura de pensamiento, conciencia crítica y compromiso social. La idea de asignar un papel activo en el conflicto a los estudiantes los priva de la naturalidad que cualquier ciudadano para convertirlo en un objetivo militar de los subversivos y en un instrumento del Gobierno. Si la educación en Colombia está mal, con esta propuesta va a quedar peor. ¿Se le ocurre al señor presidente que un muchacho de Santo Domingo (un barrio de Medellín) va a querer ser señalado como posible “sapo” sólo porque va a la Universidad de Antioquia?

Es cierto que la seguridad es un compromiso de toda la ciudadanía, pero del conjunto completo del pueblo colombiano; es decir, tanto del obrero como del médico, y también del estudiante. Pero el señalamiento específico de un grupo hace que pierda su neutralidad. No queremos que la historia de las Convivir se repita en nuestras ciudades, no queremos “hecharle más leña al fuego”. Medidas como estas muestran, una vez más, que la muy mencinada “seguridad democrática”, con la que el doctor Uribe pregona la salvación del pueblo colombiano, está fallando, ha fallado desde hace rato. Necesitamos otra clase de propuestas, unas que faciliten el crecimiento, el optimismo y no la desconfianza.
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