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la crónica de los medios

El periodismo, en el Supremo, y Popular TV, a la venta

viernes 05 de febrero de 2010, 14:13h
La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Cadena Cope, revocando la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que la condenó, junto a Federico Jiménez Losantos, a indemnizar a Josep Lluís Carod-Rovira, Joan Puigcercós y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) con 60.000 euros por haber considerado una intromisión ilegítima en su honor el haber difundido que ERC y sus dirigentes eran aliados de Eta al haber mantenido un encuentro con los terroristas en Perpiñán, así como contar en sus filas con ex miembros de “Terra Lliure”. En otro fallo, el Supremo ha considerado que Telecinco y Javier Sardá, además de su colaborador en el programa "Crónicas Marcianas" Javier Cárdenas, no vulneraron el honor de una persona con minusvalía, a la que entrevistaron, ya que ésta dio su consentimiento para hacerla.

En la primera sentencia, el Tribunal Supremo refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor en contextos de contienda. En el segundo caso, el TS entiende que la minusvalía del 66 por ciento del entrevistado por Cárdenas en el programa de Sardá en Telecinco no suponía una incapacitación, y que el discapacitado sí prestó su consentimiento y fue voluntariamente entrevistado.

Entre tanto, Alfonso Coronel de Palma, presidente del grupo COPE, ha reconocido que está buscando socios para Popular TV, entre los que se baraja el nombre de María Visión. Además, Coronel de Palma ha planteado una reducción de salarios como alternativa a los despidos masivos en forma de ERE y ha asegurado que la Cadena Cope está inmersa en «cambios profundos» que van más allá de un cambio de comunicador -en referencia Jiménez Losantos-, ya que «se trata de un cambio de modelo». Coronel de Palma reconoció que las pérdidas registradas en el último cuatrimestre de 2009 fueron de más de 1,6 millones de euros, mientras que en los dos cuatrimestres anteriores sumaron cerca de 6,9 millones de euros.

Las pérdidas, sobre todo de ingresos por publicidad, también han acompañado a uno de los pioneros de la prensa gratuita, “20 Minutos”, que hace diez años salió a la calle con el eslogan “Nadie da un duro por nosotros”.

Los digitales han mirado menos los números y se han centrado en el eterno debate en torno a la libertad de informar y el derecho a la privacidad. Juristas, periodistas de Internet, responsables de redes sociales, de la Agencia de Protección de Datos y parlamentarios especializados en la Red han debatido sobre los problemas legales que suscita el mundo de las páginas web. En una jornada celebrada en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid se pusieron encima de la mesa los principales problemas de Internet. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, urgió a hallar un equilibrio entre la libertad y la regulación, porque en las cuestiones de Internet están en juego los derechos fundamentales. Mientras que desde el Colegio de Abogados se apuntó a las insuficientes herramientas jurídicas para una regulación eficaz, el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, aseguraba que el debate llega una generación tarde, porque ya hay 159 denuncias en la agencia referidas a la privacidad en la Red. Sea como fuere, el debate ha comenzado y sus conclusiones concretas se elevarán a una subcomisión del Senado a fin de llegar a convertirse después en iniciativas legislativas.
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