Multa de 600 euros por poner en castellano "platos preparados"

De acuerdo con la información oficial a la que ha tenido acceso EL IMPARCIAL, el proceso sancionador en Cataluña por emplear rótulos en castellano está tomando una velocidad preocupante. Lejos de ser algo anecdótico, este tipo de sanciones se ha incrementado de manera constante desde que el tripartito (PSC, ERC e ICV) se hizo con el poder en noviembre 2003. En esa fecha, Pasqual Maragall se convirtió en el primer presidente socialista catalán, pero gracias al apoyo de ERC, un partido que tiene en la implantación del catalán uno de sus principales caballas de batalla.

Esto se concretó en una serie de actuaciones de la Generalitat para extender el catalán en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el económico. Aquí es donde entra en juego la Agencia Catalana de Consumo. Este órgano, encargado de aplicar las multas por rotular sólo en castellano, fue controlado por ERC cuando gobernaba Maragall, pero pasó bajo control de los socialistas cuando Montilla llegó al poder, en noviembre de 2006.

En la práctica, esto se ha plasmado en un aumento espectacular de las sanciones cuando gobernaba ERC y en una ligera disminuición a partir de 2006. En concreto, en 2003, año de la llegada al poder de Maragall, el importe de las sanciones impuestas por rotular sólo en castellano fue de 600 euros. Esta cantidad experimenta un aumento constante en los sucesivos ejercicios, de manera que en 2004 se impusieron multas por valor de 7.000 euros; de 87.800 euros en 2005 y de 55.675 en 2006. En conjunto, las sanciones por rotular sólo en castellano superan los 200.000 euros. En conjunto, según la asociación Convivencia Cívica Catalana, de 2003 a 2006 las sanciones por rotular sólo en castellano superan los 200.000 euros.

"Tenemos ensaladas"
Al mismo tiempo, el número de empresas y negocios multados no deja de aumentar, de manera que en 2006 se sancionó a 194 comerciantes o sociedades, a los que se abrieron un total de 311 expedientes. Se da la circunstancia de que estas sanciones representaron hace dos años el 9 por ciento de los procedimientos abiertos por la Agencia Catalana de Consumo.

Por su parte, José Domingo, portavoz adjunto de Ciutadans en el Parlamento catalán, destca que las sanciones a empresas y comercios derivan de la creencia del Gobierno de PSC, ERC e ICV de que hay que multar si los letreros no están "al menos en catalán". Domingo asegura que, en diversas interpelaciones parlamentarias, él ha trasladado al Ejecutivo de Montilla que esto vulnera derechos fundamentales y supone un "peligro de orden económico".

El inicio del procedimiento para sancionar suele partir de la denuncia de un particular. Estos denunciantes suelen ser colectivos nacionalistas, que son los que denuncian a la Agencia Catalana de Consumo de que un establecimiento no usa suficientemente el catalán, de manera que carteles o letreros figuran en castellano.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso El IMPARCIAL, esto es lo que le sucedió en 2006 a la pastelería y tienda de alimentación “El fornet d’en Rossend” (El horno de Rosendo), situada en Barcelona. Este establecimiento recibió a comienzos de hace dos años una notificación de la Agencia Catalana de Consumo, en la que se le informaba de que el colectivo nacionalista “Òmnium” había denunciado que el establecimiento no cumplía la normativa lingüística.

El objeto de la denuncia era que el “El fornet d’en Rossend” incluía en su interior un letrero informativo en el que podía leerse, en castellano, “tenemos ensaladas y platos preparados para llevar”. Tanto la asociación denunciante como los funcionarios entendieron que este letrero no podía estar sólo en castellano, sino que debía figurar también en catalán. Este comerciante fue finalmente multado con 600 euros.

El Gobierno de Montilla y de sus socios de ERC también ha expedientado a importantes empresas, como Grupo Leche Pascual, supermercados Día o los centros comerciales Carrefour: Estas multas han afectado también a compañías públicas, como Correos, a la que se ha impuesto una sanción de 30.000 euros.