¿Hacia la fujimorización de la política argentina?

En el mes de enero del año 1992, el parlamento de Perú modificó y/o rechazó 28 de 126 decretos leyes dictados por el poder ejecutivo encabezado en ese entonces por el Ingeniero Alberto Fujimori. La maniobra del poder legislativo peruano tenía como propósito poner límites a los intentos del poder ejecutivo de ampliar su campo de acción como así también el del sector militar en áreas privadas que atentaban contra las libertades civiles y los derechos humanos en pos de la defensa de la “seguridad nacional”. Fue precisamente este conflicto entre ambos poderes lo que llevó a Fujimori, con el respaldo del Ejército, a aplicar su carta maestra, el “autogolpe”.

Descartada en la Argentina la salida cívico militar como opción institucional (aún a pesar de las consideraciones en ese sentido tanto desde el gobierno nacional como así también de sus principales expresiones intelectuales) hemos advertido una cada vez más conflictiva relación entre los poderes del estado, en forma particular entre el poder ejecutivo y el congreso nacional.
Cabe recordar que durante su presidencia, y siguiendo lineamientos definidos por sus antecesores, el ex presidente Néstor Kirchner había sustentado el ejercicio de su gestión gubernamental sobre la base de la invocación de la emergencia como principio de legitimidad, con la correspondiente apelación a la utilización de recursos de excepción en detrimento de los procesos deliberativos propios de la democracia representativa. En efecto, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Néstor Kirchner había hecho uso en reiteradas ocasiones de las facultades legislativas del poder ejecutivo, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia, en lugar de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.
Durante la actual presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido escasa la recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para la decisión política, aunque han permanecido en el tiempo iniciativas de excepción como la ley de emergencia económica.

Luego de la derrota en las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009 la administración de Cristina Kirchner logró preservar la iniciativa política logrando aprobar propuestas legislativas consideradas claves para la gestión presidencial durante los próximos dos años. En este marco se inscriben entre otras la prórroga de la emergencia económica por el plazo de un año, el presupuesto para el ejercicio 2010, la aprobación de la ley de medios de comunicación audiovisual, y la ley de reforma política que contempla entre otros aspectos la posibilidad de celebrar elecciones internas abiertas y simultáneas.

A partir de la demorada modificación de la composición de las cámaras desde el 10 de diciembre, y con la consecuente pérdida de la mayoría legislativa por parte del oficialismo, se ha advertido desde el poder ejecutivo nacional un retorno a la utilización de recursos de excepción en detrimento de la apelación a mecanismos de carácter consensual: en este clima se inscriben el decreto de necesidad y urgencia para la creación del Fondo del Bicentenario, la derogación del mismo y su sustitución por otro para la creación del Fondo de Desendeudamiento y un decreto “simple” para habilitar la transferencia de fondos del Banco Central de la República Argentina para hacer frente a erogaciones a diferentes organismos de carácter mutilateral.

La utilización del recurso de no dar quórum en situaciones políticamente desfavorables como la del miércoles 24 de febrero pasado, en una sesión destinada a tratar la renovación de las autoridades del Senado de la Nación y la nueva composición de las comisiones de trabajo de dicho cuerpo, constituye una fuerte señal política en dirección a la utilización de recursos de carácter reactivo por parte del gobierno nacional.

Este nuevo escenario plantea al autor de estas líneas los siguientes interrogantes:

¿Será recurrente el uso por parte del poder ejecutivo de medios institucionales legítimos para erosionar la institucionalidad?

¿Se trata de una nueva estrategia, el autogolpe legislativo, con el propósito de preservar el poder aún a costa de mayor erosión de su autoridad?

Estas preguntas solo tendrán su respuesta en el incierto tiempo político que se avecina en la Argentina.