¿Utilizamos al Ejército como debemos y podemos?

El agravamiento de la situación en las zonas de Afganistán donde están destacadas las tropas españolas ha supuesto un nuevo motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Ocurre que, en esta ocasión, las críticas de la oposición no hacían sino reflejar el profundo malestar que se vive en el seno de unas Fuerzas Armadas cuya voz no suele alzarse nunca. El problema está en el modo en que el Ejército español se conduce en territorio hostil, lo que en terminología militar se conoce como “reglas de compromiso”. El tema ya empieza mal porque se trata de una eufemística traducción del inglés rules of engagement, que literalmente significa “reglas de enfrentamiento”. Es conocido el afán de la titular de Defensa, Carme Chacón, de considerar a las Fuerzas Armadas como una suerte de ONG con armas; armas que, cuanto menos se usen, mejor. Y de ello, no se concluya que es que los demás queremos armas y sangre. Todos buscamos evitar la violencia y disuadir al enemigo. La pregunta es si los métodos de la ministra la fomentan en lugar de reducirla.

Baste como ejemplo el espantoso ridículo que el Ministerio de Defensa obligó a hacer a la Armada durante el secuestro del “Alakrana”, prohibiéndole intervenir y emplazándola a permanecer como convidada de piedra mientras los piratas huían tranquilamente con el rescate, en contraste notorio con la reacción francesa en un caso muy similar, en que la armada del país vecino persiguió a los piratas, abatió a varios de ellos y recobró el rescate. Cuando la piratería empezó a recrudecerse en el Índico, mientras el resto de países con intereses en la zona enviaban a sus buques de guerra, España sólo consideró necesario enviar un avión de vigilancia.

Los acontecimientos posteriores obligaron a reconsiderar el desaguisado inicial, pero también sirvieron para mostrar el concepto que la ministra tiene de lo que significa “intimidación disuasoria”. Con o sin reglas “Atalanta”, el mensaje que se ha enviado a piratas, secuestradores y terroristas es claro: el Gobierno español paga pero no dispara. Los efectos de remunerar la violencia –que es como los especialistas en este tipo de delitos traducen políticas quizá bien intencionadas pero equivocadas- están a la vista con demasiada frecuencia, como puede comprobarse con el secuestro hace horas de un buque, sino bajo bandera española, capitaneado por un patrón español. Y algo parecido sucede en Afganistán. La insurgencia talibán se ha percatado de lo obtusas que son las reglas de compromiso del Ejército español desde que Carme Chacón es ministra de Defensa, actuando en consecuencia. No es que campen a sus anchas, pero sí es verdad que son conscientes de qué tropas son más proclives a responder a las agresiones, y en base a ello actúan. Lo peor de esta irresponsable actitud no es sólo el descrédito del Ejército español -que también- sino los riesgos que comporta maniatar a un excelente contingente militar al que absurdos complejos políticos impiden actuar. Conductas así no sólo no disuaden al terrorismo, sino que alientan y perpetúan la violencia.