¿Ha pagado el Gobierno por el rescate de la cooperante?

La cooperante española Alicia Gámez ha sido liberada 101 días después de caer en manos de Al Qaeda junto a dos compañeros de Acció Solidaria. Al Qaeda ha movido ficha en un gesto que el Gobierno llevaba anunciando, aunque con reservas, desde hacía varios días. El trabajo diplomático es innegable en un secuestro tal, pero también el hecho de que quienes se encuentran al otro lado de la "mesa" de negociación son terroristas que difícilmente ceden terreno si no hay una contrapartida. María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que el Gobierno no ha pagado el rescate.

Ocurrió con el 'Alakrana'. El Ejecutivo negó haber pagado un rescate por sus tripulantes, pero, horas más tarde de la liberación, los piratas celebraban sus bodas y festejaban en tierra el botín conseguido, según informó El Mundo. Ya nadie duda de que traer a los marineros a España no fue gratuito. De hecho, Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, mantiene abierta una investigación con el fin de determinar quién pagó a los piratas y cuál fue la cantidad desembolsada. Sin embargo, el juez no está encontrando demasiada colaboración, principalmente por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que se niega a desvelar su papel en el rescate y conduce las pesquisas a un callejón sin salida.

Pedraz conoce, gracias a informes de la Comisaría General de Información, que la cifra ronda los 2,7 millones de euros, una cantidad que el ministro Caamaño dijo que, "España, como país", no pagó, sin añadir nada más. Sólo el Gobierno conoce qué ocurrió. También el CNI, pero se limita a explicar que esos datos están clasificados como secretos y que sin el permiso del Ejecutivo no puede facilitarlos. No hay permiso ni es previsible que lo haya.

¿Por qué se ha liberado a Gámez y no a sus compañeros?, ¿qué necesitan los terroristas para que los otros dos cooperantes -Albert Vilalta y Roque Pascual- puedan regresar? La opacidad informativa es evidente una vez más, y tanto medios como ciudadanía han de conformarse con la aclaración oficial de que todo se debe a una buena labor de fontanería diplomática. La obligación de los medios es poner en tela de juicio toda información oficial; la de la ciudadanía, exigir transparencia a quien la gobierna. Alguien deberá explicar en qué han consistido unas supuestas gestiones que han hecho a Al Qaeda achantarse y soltar lastre. Los antecedentes invitan a sospechar que aún no está todo dicho. Cuando Villalta y Pascual sean liberados y toda gestión pueda ver la luz, será hora de esclarecer qué condiciones y concesiones ha puesto cada parte encima de la mesa.