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El partido y las máscaras

jueves 06 de marzo de 2008, 21:07h
Hasta el momento, la política del nuevo año se desenvuelve al ritmo de los avatares del justicialismo. Salvo un par de excepciones, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, las grandes maniobras del poder responden a la capacidad del justicialismo para transformarse según el dictado de diversas orientaciones ideológicas, conservando, al mismo tiempo, un estilo devoto del ejercicio concentrado de la autoridad.

Transformismo y conservadurismo. El transformismo es una manera de lidiar con las propias divisiones. En el vertiginoso proceso de reorganización del Partido Justicialista, que se dispara desde las oficinas de Néstor Kirchner en Puerto Madero, el enemigo principal no está en los rangos de las oposiciones que no comulgan con el peronismo, sino dentro de las propias filas. El pasado que debe condenarse es, por consiguiente, la repudiable década menemista, sus indultos y sus amnistías, y su perverso modelo económico.

El conservadurismo, la tenaz defensa de la concentración de las decisiones en tanto instrumento básico de gobierno, es, por otra parte, el cemento que une a ese vasto conglomerado de gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas y empresarios adictos. Como si fuese un dato emanado de la ley física de la gravitación, la verticalidad y quienes se sienten atraídos por ella es consustancial al peronismo. Si bien cambian los referentes (de Perón a Menem y de éste a Kirchner pasando por Duhalde), ese diseño se mantiene sin mayores variaciones.

Hubo sin embargo una excepción en esta larga historia que ya supera las seis décadas: las elecciones internas con amplia participación del año 1988 que consagraron la fórmula ganadora Menem-Duhalde frente a la integrada por Cafiero-Manzano: una experiencia sin duda destacable en cuanto a la institucionalización de los partidos políticos, que no parece repetirse en estos días. La apetencia de Kirchner no es la competencia intrapartidaria. Es la unanimidad o, tal vez, una hegemonía dentro de su propio partido que acantone a los opositores internos en una situación francamente minoritaria y, por ende, irrelevante.

Esta estrategia se lleva a cabo dejando de lado las ilusiones de la "transversalidad" que jalonaron los primeros años del kirchnerismo. La transversalidad era una imagen atractiva para forjar una nueva coalición política, con el eje desplazándose del centro a la izquierda, dispuesta a superar la antigua estructura del peronismo. Imagen atractiva pero también vana: en la constelación del poder peronista lo que ante todo se impone es la atracción que el centro del liderazgo, munido del control de los resortes del Estado, ejerce sobre otros grupos y partidos. Es un movimiento constante de incorporación y exclusión que produce grandes espectáculos mediáticos, como el retorno de Roberto Lavagna a su lugar de origen, y ostracismos menos rimbombantes, como el lento apagón de la estrella de Menem.

Estamos pues asistiendo a una eficaz división del trabajo político que aceita la inédita producción de un poder bicéfalo y asimismo concurre a rediseñar nuestro sistema de partidos. La hipótesis que declara que la Argentina carece de un sistema de partidos no es del todo exacta. En realidad el tan mentado sistema de partidos se plasma en una configuración hegemónica según la cual la supremacía del justicialismo se alza sobre la dispersión de los contrarios y abarca algo menos de la mitad del espectro electoral del país.

De cara a esta circunstancia, complementada a su vez por un conjunto de partidos "apósitos" (vale decir, partidos o desprendimientos de partidos como los radicales K que se pegan a esa dominante estructura), el resto de la oposición hace las veces, por ahora, de un coro que denuncia, alerta y procura establecer una estrategia parlamentaria en un Congreso con abrumadoras y disciplinadas mayorías justicialistas.
Tres arbotantes sostienen la reorganización del Partido Justicialista liderada por Néstor Kirchner. El primero es el de una política económica impulsada por el crecimiento a lo largo de un quinquenio, por la demanda internacional de nuestras commodities, por los superávit gemelos en el comercio exterior y en las cuentas públicas, y por el aumento exponencial de subsidios de todo tipo. El segundo arbotante es el del desarrollo de un capitalismo dependiente del apoyo del Estado cuya punta de lanza puede encontrarse en la participación de nuevos socios en Repsol-YPF. El tercero, en fin, es el del armado de "cajas" de reservas monetarias, con fines políticos y electorales, que se van nutriendo con fondos públicos y privados.

Este conjunto opera de consuno y requiere, para su eficaz implementación, un rendimiento gubernamental que haga frente con éxito a las demandas más acuciantes en los campos de la seguridad, de la estabilidad de precios y de la infraestructura de energía y de transportes. Hasta nueva orden, esas exigencias -sobre todo la atinente al aumento de precios- están encapsuladas en una suerte de política de ficción o de escenarios falsos montados desde el poder para fijar las condiciones de una aparente estabilidad (la crisis del INDEC, con la consiguiente manipulación de los índices de precios, es la mejor muestra de esta contradicción entre apariencia y realidad). Quienes más sufren estas contradicciones son, como es habitual, los sectores de la población que carecen de protección sindical.

El choque entre esas dos dimensiones de la vida pública -lo que es y lo que aparenta ser- conforma un capítulo central de la teoría y la praxis de la política. Penetrar en la realidad de las cosas y desenmascarar el poder de los grandi, como los llamaba Maquiavelo, ha constituido desde hace siglos y milenios una empresa difícil y solitaria. En la circunstancia de una democracia de amplia participación, como la que actualmente impera en el país, las acciones que hacen caer esas máscaras, siempre dispuestas a encubrir y confundir, dejan de ser patrimonio de un grupo restringido para convertirse en una empresa colectiva hecha de promesas, esperanzas y frustraciones.

La democracia, hasta con un condimento republicano liviano, tiene una dinámica propia que erosiona los proyectos más ambiciosos. Si el proyecto de reorganización partidaria en curso insiste en acoplarse a esa clase de ficciones, tarde o temprano la realidad hará sentir su peso hasta el punto, tal vez, de hacer crujir los arbotantes. Es hora, entonces, de recapacitar y de poner las cosas a la altura de una visión más abarcadora del bien general del país.

En relación con este último aspecto, la oposición no puede solamente seguir desempeñando el papel de la protesta y la denuncia. Debe enunciar también las bases de una futura gobernabilidad hoy capturada -y no sin razón- por la supremacía justicialista. La oposición que no sabe recrear las bases futuras del gobierno no es oposición política: es, en un terreno donde circulan "cajas" y "valijas", una necesaria oposición moral aunque renga de una pata. El reclamo de la sociedad para conjugar en una fórmula efectiva la moral y el gobierno no debe caer pues en saco roto.

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