Un empresario apela al TC tras ser multado por rotular en castellano

El empresario catalán Manuel Nevot está dispuesto a luchar hasta el final para que cambie la política lingüística en Cataluña. Nevot acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Constitucional no falla a su favor después de que un Juzgado de Barcelona le haya ratificado la multa de 800 euros por no tener un cartel en catalán en la puerta de su negocio, Finques Nevot, y por no disponer de hojas de reclamación en este idioma.

Nevot, acompañado por Francisco Caja, portavoz de la organización Convivencia Cívica Ciudadana, que correrá a cargo de la defensa, explicó a los medios de comunicación, a las puertas del Alto Tribunal, que había sido vulnerado su “derecho a la libertad de expresión”. Sobre las posibilidades del caso, Caja expresa a EL IMPARCIAL su confianza “en que el Tribunal Constitucional nos dé la razón”.

“Es indiscutible que ha habido una vulneración de la libertad de expresión”, argumenta Caja, quien ha acudido ante el Alto Tribunal con numerosa jurisprudencia internacional que establece que la libertad de lengua es parte de la libertad de expresión. “Uno es libre de expresar libremente sus ideas y también en el idioma que quiera”, afirma.

“Esperamos que el Constitucional nos juzgue con un criterio racional a diferencia de cómo lo ha hecho el Juzgado de Barcelona”, que confirmó la multa de 800 euros que le impuso la Generalitat a Nevot. Ante esta situación casi “esperpéntica”, en palabras de Caja, el portavoz de Convivencia Cívica compara la política catalana actual con la que se practicaba en tiempos medievales: “Es triste que tengamos que venir a Madrid a buscar Justicia porque con la Generalitat parece que estemos en la Edad Media. Nos tiene sometidos al derecho de abuso y maltrato que abolió ya Felipe V en Cataluña”.

“Con estas multas se está produciendo además una vulneración del derecho de igualdad”, recogido en el artículo 14 de la Constitución, porque mientras que “el que rotula sólo en catalán es aplaudido, el que lo hace sólo en castellano es multado, como en el caso del señor Nevot”. En el recurso se contempla también la vulneración de un tercer derecho fundamental que es de la libre circulación en todo el territorio español ya que al rotular sólo en catalán se obliga a que los que vienen de otras comunidades aprendan el idioma.



Un caso que puede sentar precedentes
Puesto que los recurrentes solicitan también que se declaren inconstitucionales y se deroguen las leyes que fundamentan esta política lingüística basada en multas, un fallo positivo del Constitucional podría sentar un antes y un después. “Una de las consecuencias sería que se pondría fin al acoso a los comerciantes por parte de la Generalitat y terminaría el clima de delación y totalitarismo”, afirma Caja, quien añade que “a Nevot le ha denunciado un particular que pertenece a una asociación abundantemente subvencionada por el Gobierno catalán para que denuncie estos casos”.

Los recurrentes confían en que finalmente el Tribunal Constitucional les de la razón y suprima las multas lingüísticas, "restaurando así la libertad de lengua que el Gobierno catalán ha suprimido en Cataluña".