La estrategia del Gobierno contra E.On

El 21 de febrero de 2006 la empresa alemana E.On iba a cambiar para siempre los planes de Gas Natural de hacerse con Endesa. Ofrecía 27,5 euros por acción, un 30 por ciento más que los 21,3 que ofrecía la gasista española. Rodríguez Zapatero conocía que se iba a producir ese anuncio, porque el día anterior le gritó a la canciller alemana Angela Merkel que no estaba dispuesto a aceptar ese movimiento. Zapatero comunicó el mismo ánimo al presidente de E.On, Wulf Bernotat. Los pasos que iba a dar el Gobierno irían precisamente en ese sentido.

Pero detenerle no era fácil. Pero tenían al BOE en su mano. Las noticias que adelantaba la prensa llevó a la Comisión Europea a advertir al Gobierno español de que no aceptaría medidas unilaterales, pero precisamente eso es lo que se encontraría. En mitad del proceso, el Gobierno amplió por decreto los poderes de la Comisión Nacional de la Energía. La Comisión Europea declararía inmediatamente que las nuevas atribuciones no garantizaban un proceso “justo y transparente”. Con su poder ampliado, la CNE impuso varias condiciones, como vender un 15 por ciento de los activos de Endesa en el mundo o deshacerse de la central de Ascó. Hacían menos atractiva toda la operación.

La Comisión Europea, que aprobó si condiciones la OPA de E.On sobre Endesa, declaró en septiembre de 2006 que las que había impuesto Zapatero eran ilegales. El Gobierno insistió en mantenerlas pese a ello, por lo que la CE le llevó ante el tribunal europeo (TUE). Bruselas volvió a declarar ilegales las condiciones en diciembre de aquél año, advirtiéndole además de que las retirara “inmediatamente”, pero el Ejecutivo no estaba dispuesto a torcer su política.

No obstante su insistencia, aunque el Gobierno sabía probablemente que no tenía mucho que esperar de una victoria en los tribunales, lo que verdaderamente le preocupaba es que E.On no iba a echarse atrás. La situación cambió radicalmente cuando entraron dos nuevos actores, la concesionaria Acciona y la empresa pública italiana Enel, que finalmente, y en un pacto con la propia empresa alemana, se hicieron con la primera eléctrica española.