¿Quiénes han logrado sentar a Garzón en el banquillo?

A las querellas por ordenar la intervención de las comunicaciones en la cárcel de los imputados en la trama "Gürtel" y la de Manos Limpias y Falange por investigar los crímenes del franquismo se suma la de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea por los cobros que Garzón recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Desde 1997 Manos Limpias ha denunciado a Garzón "por prevaricación y usurpación de atribuciones", por dilación en las investigaciones sobre la Expo 92, por la filtración del informe médico del dictador chileno Augusto Pinochet, por la investigación sobre los GAL y los fondos reservados o por el supuesto "chivatazo" a Eta.

En su última actuación contra el magistrado, la que puede costarle a Garzón la suspensión cautelar, han acompañado a Manos Limpias la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, heredera del partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera.

Falange decidió denunciar a Garzón para "defender la memoria de los falangistas", a quienes -según dicen- el juez acusó genéricamente de crímenes contra la humanidad.

El abogado Antonio Panea que, junto a Mazón, ha denunciado a Garzón por las retribuciones que recibió en Nueva York, es también un viejo conocido del magistrado.

Ex directivo de Banesto y posteriormente accionista del Banco de Santander, Panea fue uno de los promotores de una querella -archivada por Garzón- contra el presidente de la entidad, Emilio Botín, relacionada con el caso de las "cesiones de crédito".

Mazón, por su parte, fue el abogado que consiguió la inhabilitación del juez Ferrin Calamita por retardar una adopción solicitada por una pareja de lesbianas, y la condena de once magistrados del Tribunal Constitucional por "negligencia profesional" por desestimar sin estudiarlo un recurso presentado por el letrado.

Y los últimos en unirse a la batalla contra Garzón han sido los imputados en el "caso Gürtel".

El Tribunal Supremo ha permitido que los abogados del cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y del empresario José Luis Ulibarri, acusen al juez de prevaricación por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los imputados y sus abogados.

El magistrado cree que el PP está detrás de una "cruel campaña" de acoso contra él desde que acordó encarcelar a los principales implicados en el "caso Gürtel", que ha salpicado a numerosos cargos del partido.