Ser inspector de Hacienda en tiempos de crisis y corrupción

El león no es tan fiero como lo pintan. Ni siquiera es quien creemos. Los por muchos temidos inspectores de Hacienda no están de acuerdo con su jefe supremo, el Gobierno, que les ha exigido mayor dureza en la persecución del infractor y las sanciones al tramposo. Son peones a las órdenes de la Agencia Tributaria y cada vez se sienten más presionados.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia en un comunicado el “afán recaudatorio ante el desproporcionado incremento de objetivos impuesto a los Equipos de Inspección en 2010”. Estas palabras responden a que la Agencia Tributaria ha exigido un incremento de los objetivos del 15 por ciento. Es decir, perseguir en mayor medida el engaño. Estas buenas intenciones incluyen en su letra pequeña dos salvedades importantes: los medios no son los oportunos y el personal se ha visto mermado en los últimos meses.

Los inspectores son conscientes de un incremento del fraude fiscal en España en los últimos años que ha provocado una caída recaudatoria que ahora el Gobierno quiere recuperar. Pero, para ellos, la solución no reside tan sólo en elevar y acelerar la presión sobre los contribuyentes. Protestan porque crecen los objetivos pero disminuyen los medios materiales y humanos, “inasumible y absolutamente incompatible con un trabajo de calidad”, en opinión de IHE.

EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto en las últimas horas con esta organización pero ha optado por no pronunciarse al igual que ha hecho con otros medios de comunicación y se limita a remitir a los interesados a notas de prensa y documentos internos. Francisco de la Torre, portavoz, levantó ampollas hace pocas fechas cuando osó protestar ante esta situación. El gremio está con él. De la Torre no quiso echar más leña al fuego en plena campaña de la renta, pero debía advertir al ciudadano: "Nosotros no vamos a prevaricar", proclamó. Lo dijo porque las nuevas directrices de Hacienda establecen el cumplimiento de un proceso burocrático que retrasa la labor de los inspectores, al tiempo que se les exige un objetivo mayor de recuperación de deuda y acelerar los procesos a pesar de unos medios tecnológicos manifiestamente insuficientes e ineficaces a tenor de las exigencias. O lo que es lo mismo: deben ser más productivos y asumir el riesgo de incurrir en imprecisiones y en “un trabajo precipitado y de escasa profundidad investigadora”.

La Agencia Tributaria responde a IHE que pillar al defraudador es uno de sus “objetivos irrenunciables”. El problema reside en que perseguir esos objetivos irrenunciables supone hacer de 'poli malo', nada nuevo, pero con muchas papeletas para que la precipitación conduzca a la injusticia de acusar sin pruebas suficientes. Un dato más: el 20 por ciento de la retribución de los inspectores depende del cumplimiento de objetivos -que Hacienda ha elevado en un 15 por ciento-. Es sencillo deducir que los grandes defraudadores podrán escapar al ser más "invisibles" que los pequeños, más vulnerables al trabajo de unos inspectores presionados, obligados a actuar con rapidez y contundencia y a los que les va el sueldo en multar al tramposo.

Entretanto, la Agencia Tributaria ha visto recortado su presupuesto un 6 por ciento este año y no se salvará de las restricciones de empleo público anunciadas por el Ejecutivo. De la Torre, voz autorizada, afirma que esta presión responde a las necesidades recaudatorias del Gobierno. Afirma que es posible recuperar parte de lo que el fraude fiscal ha dejado en el camino en los últimos años: hay que incrementar sustancialmente los medios materiales y humanos. Si no se hace, exigir objetivos más elevados a los inspectores es situarlos entre la espada y la pared, dotarlos del poder para denunciar pero no de las herramientas para hacerlo con garantías.

El Ejecutivo quiere que los defraudadores llenen las arcas, pero los grandes escaparán y los pequeños tendrán razones de peso para decir que el león es muy fiero. Fiero por mandato y desprovisto de tiempo, recursos y ánimo de hacer un favor a quien realmente pone en riesgo su salario mensual. La paradoja está servida: su salario será un 20 por ciento superior si no cumplen con pulcritud sus funciones. La recompensa será para aquellos que cacen al infractor con más rapidez y dureza que en años anteriores sin contar para ello con más tiempo, dinero, tecnología o personal. Pero los inspectores han hablado, ya lo han leído: no van a prevaricar.