Chile y Uruguay, a la caza de los represores de la dictadura

Uruguay y Chile buscan a través de mecanismos jurídicos impartir justicia a fin de cerrar el amargo capítulo que supone los regímenes dictatoriales que gobernaron Sur América entre la década de los 70 y 80 del siglo pasado.

En este sentido, Chile continúa su carrera en juzgar a los culpables y cómplices de la dictadura de Augusto Pinochet. Este lunes un juez de primera instancia de Chile ha condenado a otros cinco años de cárcel al que fuese el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante el pinochetismo, el general Manuel Contreras Sepúlveda, por la desaparición de un político opositor, informaron este lunes fuentes judiciales.

El magistrado Juan Fuentes --quien ha abierto 71 procesos vinculados con las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura-- emitió la sentencia contra Contreras y otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro de Héctor Vergara Doxrud, ocurrido el 17 de septiembre de 1974, indicaron las mismas fuentes citadas por el diario 'El Mercurio'.

Vergara Doxrud era ingeniero y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), una formación política de izquierda desvinculada de la Democracia Cristiana y disuelta en los últimos años de la dictadura. Tenía 32 años, mujer y tres hijos cuando fue detenido por el servicio secreto.

Por su parte, el recién estrenado gobierno del ex guerrillero tupamaro José Mujica, busca erradicar la Ley de Caducidad que desde hace 25 años le otorga una amnistía para los represores de los crímenes del lesa humanidad cometidos durante del régimen uruguayo, a fin de que éstos puedan ser procesados por la justicia de ese país.

Según el diputado Jorge Maroni en declaraciones al diario uruguayo 'El País', el Frente Amplio aún "no ha tomado una posición" sobre el futuro de la ley y esperará a que la comisión termine de analizar las diferentes opciones que existen para retirarla del sistema judicial de Uruguay. Por lo que la comisión buscará generar "un ámbito en el cual se puedan intercambiar elementos en este tema" pero no existe una decisión formal por parte del órgano ejecutivo del Frente Amplio, precisó la diputada Daniela Payseé.

Durante los últimos días, diferentes miembros de la formación de Mujica han presentado hasta tres iniciativas distintas que promueven la abolición de la Ley de Caducidad, que fue aprobada en 1985 por el primer gobierno democrático tras la dictadura, del entonces presidente Julio María Sanguinetti.

Una de las propuestas, presentada por el abogado Óscar López Goldaracena, busca declarar la "nulidad e inexistencia" de la norma, argumentando que es inconstitucional y se opone a la legislación establecida por el derecho internacional.

Las otras dos iniciativas proponen declarar "inexistentes" los artículos de la Ley de Caducidad que impiden juzgar a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura, al entender que son incompatibles con la Constitución uruguaya y con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Uruguay.

El diputado Felipe Michelini, autor de una de las iniciativas, consideró vital hacer que se eliminen los artículos 1 y 4 de la ley porque se tratan de un "mamarracho jurídico que garantiza la impunidad de los represores". "No se trata de derogar o anular. Si el Parlamento puede o no puede, sino simplemente extirparla del ordenamiento jurídico", opinó en declaraciones recogidas por Telesur.

Los ciudadanos uruguayos no dieron el respaldo necesario para eliminar las Ley de Caducidad en un referendo celebrado el pasado mes de octubre, una consulta popular que se realizó coincidiendo con la primera vuelta de las elecciones que dieron la victoria a Mujica, ex guerrillero tupamaro que fue encarcelado durante la dictadura.