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Garzón es imputable

miércoles 14 de abril de 2010, 00:51h
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español”. Dicho de otro modo, todos los ciudadanos están sujetos al imperio de la ley. Incluso Baltasar Garzón, por más que algunos se empeñen en lo contrario. Ayer, sin ir más lejos, lo más granado de la “cla” del mediático juez se dio cita en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid con motivo de brindarle su apoyo aunque, a la vista de lo que allí se dijo, más parecía un serio aviso a navegantes. Las gruesas expresiones proferidas por miembros de CCOO, UGT, el rector Berzosa o el ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sonaron como amenazas nada veladas hacia quienes osasen cuestionar al mediático magistrado. Hasta el propio Consejo General del Poder Judicial se vio obligado a respaldar a los magistrados del Supremo que conocen de las causas contra Garzón, ante la intolerable presión a la se están viendo sometidos últimamente.

Y en un Estado de Derecho, presionar al juzgador para obtener una resolución judicial favorable es absolutamente intolerable. Máxime, si quien lo hace ocupa un puesto de responsabilidad, como los anteriormente citados rector y ex fiscal anticorrupción, a los que hay que añadir figuras tan destacadas del socialismo como su secretaria de organización, Leire Patín, o incluso el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. Garzón ha llevado a cabo una serie de actuaciones cuya presunta irregularidad las hace susceptibles de ser conocidas por parte del órgano correspondiente, en este caso el Tribunal Supremo. De haber sido Garzón menor de catorce años o no hallarse en plenitud de facultades mentales, encajaría plenamente en la figura de la inimputabilidad penal; que, como su propio nombre indica, define como no imputables los actos realizados por dichas personas. Pero no es el caso. Garzón actuó totalmente consciente de lo que hacía y, si durante el ejercicio de sus funciones incurrió en alguna ilegalidad, debe responder por ello ante la jurisdicción competente, naturalmente gozando de la presunción de inocencia y con todas las garantías que dispone el ordenamiento jurídico.

Una vez se conozca la resolución del Supremo, que se acate y que cada cual estime del modo que crea más conveniente sus simpatías hacia Baltasar Garzón. Pero que no se pretenda situarlo por encima de la ley o incluso otorgarle un halo de inimputabilidad que en absoluto tiene. Garzón es imputable. Y responsable. Tanto como irresponsables son quienes no permiten al Tribunal Supremo hacer su trabajo.
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