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pide el fin de las "fiscalías paralelas" y las "querellas mediáticas"

Conde-Pumpido cree que las declaraciones de Villarejo exceden de "lo razonable"

jueves 15 de abril de 2010, 11:29h
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido que la ley ponga fin a las "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a la Administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado este jueves que las críticas al Tribunal Supremo vertidas el pasado martes por el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón exceden "notoriamente lo razonable".

En un desayuno informativo organizado por "Foro Aragonex", Conde-Pumpido ha pedido respeto y consideración para los magistrados del Alto Tribunal y ha expresado su confianza en que en los procedimientos que se siguen en el Supremo contra Garzón prospere el criterio del Ministerio Público, que no ve delito en la actuación del magistrado.

El fiscal general ha exigido también cambios en la ley para acabar con las "fiscalías paralelas" portadoras de intereses "espurios" y que -ha dicho- ponen en jaque a la Justicia para cuestionar a las instituciones en referencia, además, al caso Egunkaria, donde la Fiscalía no apreció delito.

El fiscal general, preguntado por la afirmación de Villarejo respecto a que el Supremo es un instrumento de la actual expresión del fascismo en España, ha mostrado su desacuerdo con llevar al ámbito político las críticas al Tribunal Supremo, que -considera- han excedido "notoriamente lo razonable".

Aunque ha reconocido que en una sociedad libre como la española la libertad de expresión es muy amplia, ha exigido "respeto y consideración al máximo órgano judicial".

Sobre los procedimientos contra Garzón, Conde-Pumpido ha explicado que aunque recurrieron decisiones jurisdiccionales tomadas por el magistrado al no estar de acuerdo con ellas, desde el punto de vista de la Fiscalía no hay delito, postura que, ha dicho, es "estrictamente jurídica".

En este sentido, ha sostenido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se puede abrir juicio oral si no existe acusación del Ministerio Público o de la parte perjudicada y, por tanto, la Fiscalía defenderá ante el TS que las acciones populares -Manos Limpias, Libertad e Identidad, Falange y los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, en dos de los casos contra Garzón- no están legitimadas para "provocar" la apertura de juicio oral.

Se ha mostrado convencido de que cada uno de los magistrados del Supremo que tienen que decidir en los procedimientos contra Garzón "actuará en conciencia, con plena independencia, con el propósito de aplicar la ley de una manera absolutamente imparcial", y ha dicho que no le cabe duda de que se llegará a una decisión que será la "jurídicamente más correcta".

Asimismo, ha calificado de "absurdo y temerario" el hecho de que dos asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica hayan presentado una querella por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela por la decisión de juzgar a Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo.

Durante su intervención, Conde-Pumpido ha arremetido contra lo que considera "Fiscalías paralelas" dedicadas a la interposición de querellas mediáticas en asuntos "que tienen que ver con intereses particulares, de contenido más político que jurídico" y con las que trasladan a la Justicia problemas "que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal".

Ante estos casos, que no ocurren en ningún otro país europeo, "es hora de que la ley también se haga eco de la Constitución", ha indicado el fiscal general, que ha calificado a estas "fiscalías paralelas" de "profetas portadores de intereses espurios".

En este sentido, ha recordado la reciente absolución de los directivos del periódico Egunkaria, y ha dicho que continuar hasta el fin un proceso penal cuando el Ministerio Público no aprecia delito solo sirve para prolongar "una indebida limitación de los derechos fundamentales de los acusados".
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