El Estatut se agosta en el Constitucional

Uno de los males endémicos de la justicia española es su exasperante lentitud. Buena prueba de ello es la demora que hay con la sentencia sobre el recurso presentado por el Partido Popular acerca de la posible inconstitucionalidad del Estatut de Cataluña. Vaya por delante que el PP está en su perfecto derecho de cuestionar aquello que estime procedente, que para eso dispone de 50 diputados y 50 senadores. Va, además, en consonancia con su responsabilidad política el reaccionar ante lo que considere ataques al actual marco jurídico del Estado y, a su juicio, el proyecto del Estatut lo es. Aunque quizá lo deseable y funcional habría sido que, a semejanza de lo ocurrido con el Estatuto de 1979, las dos principales formaciones políticas con representación parlamentaria, PSOE y PP -entre ambos suman 324 de 350 escaños posibles-, se hubiesen puesto de acuerdo previamente para evitar la actual situación.

En este sentido, conviene decir que la mayor cuota de culpa ha de atribuírsele a la actual dirección del partido Socialista, toda vez que la intención de José Luis Rodríguez Zapatero era -y sigue siendo- eliminar al PP como socio natural constituyente, en detrimento de una minoría nacionalista poco interesada en el funcionamiento y la Constitución y en el fortalecimiento del Estado. Probablemente, una mayoría de los socialistas está en desacuerdo con esto, pero tampoco se han oído demasiadas voces discordantes en este sentido lo cual no deja de ser desalentador. Dicho lo cual, se ha puesto sobre los magistrados del Constitucional una carga demasiado pesada. Pero ello no es óbice para semejante dilación. Dicho de otro modo, se entiende que los magistrados del Tribunal Constitucional han llegado hasta ahí por su excelencia jurídica. O lo que es lo mismo, están plenamente cualificados para afrontar situaciones complejas, como la resolución del Estatut. Para eso están.

La lógica lleva a pensar que si el Estatut fuese constitucional, a los pocos meses se habría sabido, y fin del problema. Pero no es el caso. Ocurre que al Constitucional ha llegado un texto difícilmente compatible con la Constitución; texto que entre unos y otros están intentando adecentar, cuando todo parece indicar que tiene difícil acomodo en el actual marco jurídico español. Eso sí, salga lo que salga, la resolución en cuestión estará bajo sospecha, ante las tremendas e inaceptables injerencias políticas que ha habido en torno a este asunto. Y lo peor es que no se sabrá nada previsiblemente hasta otoño, es decir, después de las elecciones autonómicas catalanas. Todo lo cual no deja de ser una burla hacia la ciudadanía, que merece saber a qué ha de atenerse en lo que concierne a algo tan importante como es la estructura territorial del Estado, tal y como la conocemos actualmente.