Agua, estatutos y constitucionalismo

La sesión de control al Gobierno en sede parlamentaria concluía ayer de modo excepcional, ante los asuntos que el día anterior habían quedado fuera del orden del día. No es de extrañar. De un tiempo a esta parte, la actualidad política viene bastante cargada, siendo continuas las referencias constitucionales. Porque, si a principios de semana el Presidente del Gobierno tenía que salir en defensa del Tribunal Constitucional, ayer mismo sus magistrados recibían de nuevo presión y tarea. La primera -e inaceptable-, del líder de CIU, Artur Mas, que apelaba a una respuesta de la sociedad catalana “como nación que es” si la sentencia que salía sobre el Estatut no era de su agrado. La segunda, del presidente castellano-manchego, José María Barreda, quien a última hora retiraba su proyecto de reforma estatutaria con el tema de la reserva de agua del Tajo como telón de fondo.

Sobre éste último aspecto, hay que decir que Barreda tiene parte de razón al quejarse de que lo que es válido para una comunidad autónoma vale también para el resto. El líder castellano-manchego hacía referencia con ello a otras comunidades autónomas -Aragón, por ejemplo- con un régimen semejante. Lo cual no implica necesariamente que esté bien. Dicho de otro modo, lo que se ha hecho mal en un sitio no ha de repetirse en otro, en base al manido sofisma autonómico de “café para todos” -agua, en este caso-. No le vendría nada mal a la clase política española un curso acelerado de derecho constitucional. Así, harían una lectura algo más detallada de la Carta Magna, y deteniéndose en su artículo 149. 22, verían que “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma” es competencia exclusiva del Estado. Siendo tan claro el precepto, ¿A qué viene entonces que desde todos los rincones de la geografía española se intente legislar obviando la Constitución? De este modo, no es de extrañar que el TC tenga el atasco que tiene. Y si bien el retraso a la hora de dictar sentencia sobre el Estatut rebasa los límites de lo razonable, tampoco es de recibo que los distintos partidos políticos retuerzan la Constitución a su antojo y pretendan que el máximo garante de su correcta aplicación, cual es el Tribunal Constitucional, se quede cruzado de brazos. Ya está bien de tanta irresponsabilidad política.