La rebelión catalana

La clase política catalana (salvo el reducido número de los que merecen el calificativo de constitucionalistas) se equivocó de medio a medio al apostar todo su crédito por un Estatuto mal planteado y peor resuelto y ahora está que echa chispas ante la perspectiva de una sentencia del TC que deje hecho unos zorros el malhadado texto. El más bisoño estudiante de Derecho constitucional sabe que ese Estatuto es radicalmente contrario a la Constitución de 1978 –prácticamente de la A a la Z- y hasta han tenido el tupé de afirmar que si hay discrepancias lo que debe cambiarse es la Constitución pero no su sacrosanto Estatuto. Las amenazas y las bravatas no han cesado desde que, en uso estricto de procedimientos admitidos en este Estado de Derecho, el PP, el, Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas, alguna gobernada por el PSOE, presentaron recursos de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal competente. Aceleradamente, y sin esperar una sentencia que todavía se hace esperar, los políticos catalanes se apresuraron a desarrollar las abusivas competencias contenidas en el Estatuto, aprovechando la inexistencia del recurso previo de inconstitucionalidad, imprudente y atropelladamente suprimido en 1985, bajo gobierno PSOE (aunque hay que señalar que a una buena parte de la doctrina esa suspensión le pareció entonces oportuna y conveniente). Se trataba de jugar a los hechos consumados y a eso que los juristas clásicos denominaban “la función normativa de lo fáctico”.

Desde la Cataluña oficial se esperó durante todo este largo periodo, que aún no ha terminado, que las brutales presiones sobre el TC y la complicidad del Gobierno central -cuyo Presidente-aprendiz de brujo, fue el que puso en marcha todo este desgraciado proceso- acabarían por santificar y dar por bueno al polémico Estatuto. Máxime cuando la magistrada-ponente pertenecía al llamado sector •”progresista” (?) y estaba amparada por la Presidenta, de idéntico color, que impidió durante años someter a voto la ponencia, para evitar un resultado contrario a los deseos del oficialismo catalán. Se esperaba que la magistrada-ponente se limitara a “peinar” suave y cuidadosamente el desmelenado texto, sin abordar los auténticos temas de fondo que hacen imposible el encaje del mismo en el ordenamiento jurídico de este Estado de Derecho. Pero todo tiene sus límites y a mediados de abril no hubo más remedio que nombrar a otro ponente, etiquetado como conservador, después del voto contrario a la primera ponencia de la mayoría de los magistrados. Como respuesta, los nacionalistas catalanes de todos los matices (incluido, por lo tanto el PSC) se han levantado en una auténtica rebelión porque ahora parece que el TC no va a fallar bendiciendo y validando a su Estatuto. Por eso quieren otro Tribunal, más acomodaticio a sus deseos, más bien caprichos. Y exigen la renovación de los magistrados con mandato cumplido. Ignoramos cuál es su plan B, para el caso de que un hipotético renovado TC siguiera considerando lo evidente: que el Estatuto es inconstitucional, tanto en su letra como en su espíritu.

Cuando las cosas se empiezan mal, es inevitable que terminen mal, salvo improbable milagro. Y cuando se parte de premisas falsas e insostenibles, todo lo que viene después está irremediablemente viciado. Confundir autonomía con soberanía, inventarse inexistentes e infundados derechos a la autodeterminación o esgrimir, a ver si cuela, arbitrarios “derechos a decidir”, como con pobre argumentación insiste Mas (Mas es menos), solo puede producir confusión, sin ningún resultado positivo porque, sencillamente, es imposible. En España, por la lógica de la Constitución, pero también por un elemental sentido común, que parecen haber perdido estas nuevas hornadas de políticos catalanes (¿dónde quedó el famoso seny?), el único sujeto con capacidad para autodeterminarse o para decidir sobre las cuestiones que forman parte del núcleo sólido de la Constitución (y las cuestiones que aborda el Estatuto, lo son) es el pueblo español en su conjunto. Estúdiese con detenimiento el caso Canadá-Québec. A sus jóvenes generaciones y a través de su manipulado y politizado sistema educativo (¿dónde queda la alta inspección del Estado -art. 27.8- de la Constitución?) les pueden desgraciadamente intoxicar con toda clase de patrañas. Exactamente es lo que hicieron los totalitarismos, como el nazi o el comunista. Pero como recordó Lincoln no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y ya va siendo hora de dejar de hacer el canelo.

En un Estado complejo como el nuestro la lealtad institucional es un requisito insoslayable, que aquí ha brillado por su ausencia porque las lealtades de los nacionalistas han sido siempre otras. Así hemos llegado a esta crisis institucional, que el Gobierno niega, como niega la crisis económica. Y esto no tiene más salida que la aplicación estricta de las exigencias y de los instrumentos del Estado de Derecho. Cualquier bien nacido se alegra de que se luche contra la corrupción, con justicia y objetividad, cualquiera que sea su color. Con el mismo rigor hay que velar por la aplicación, sin trampas ni tretas, del Estado de Derecho, cuya corrupción no es menos grave. La democracia, cuando lo es de verdad y no solo de nombre, es el único sistema que sabe y puede reformarse a sí mismo. Y la única vía es la aplicación de la Ley, a todos y por igual.