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II-Contra la transición: por una democracia retributiva

José Varela Ortega
lunes 03 de mayo de 2010, 23:33h
Lo relevante de esta ofensiva contra la Transición de 1978 es que conlleva un rechazo de la democracia entendida como pacto y acuerdo de reconciliación, para colocar en su lugar una idea bien diferente de la democracia como fruto de la victoria (¿revancha?) con un programa de prepotencia política y exclusión del rival. La diferencia es sustancial pero no es nueva. A los efectos, acaso convenga recordar que, en los comienzos de la República –que no en su final- acuerdo y democracia vinieron a interpretarse también entonces como términos antitéticos. No más pactos, si quieren una guerra civil, que la hagan -sentenciaba Álvaro de Albornoz, cuando todavía, según Prieto, la demagogia era la musa preferida. Y, en efecto, todos hicieron la Guerra. Y casi todos la perdieron: hasta los vencedores se hicieron un daño a sí mismos (Azaña) infinitamente mayor que el que deseaban destruir (Prieto). La perdimos incluso quienes no habíamos nacido porque el resultado de tamaña desdicha fue la ruina nacional (Prieto).

Palabras de resonancia clásica. Los antiguos habían aprendido en la aurora del sistema democrático que “no había victoria buena”, sino desgracia para las dos partes porque la ruina es la misma para vencedores y vencidos (Demócrito). De esta suerte, al saborear la amargura de sus torpezas y sus locuras (Azaña), el penoso recuerdo de sus males les había llevado a pensar con cordura –como escribiera Esquilo, casi con las mismas palabras, muchos siglos atrás pero reflejando experiencias y preocupaciones parecidas. Por eso quizá, entre los republicanos, a medida que avanzaba la Guerra, la revancha cedía paso al remordimiento reflexivo (Prieto). A los mitos idiotas de Burgos se le pueden oponer otros mitos [nuestros] no menos risibles porque –reconocía Azaña, ya desde el exilio (1939)- también nosotros hemos tenido nuestros esquizofrénicos y nuestros visionarios. Antes de que el PCE cambiara la consigna de guerrilla maquisarde (1945) –que tanto fortaleció el pacto de sangre franquista en un escenario internacional bajo amenaza soviética- por la de “reconciliación”, Prieto había acuñado el sinónimo y definido la política democrática como política de concordia: yo –aseguró el dirigente socialista en 1942- no me sumaré a nada que contribuya a dividir a los españoles, ni que signifique la continuación del séquito horrendo de las deudas de sangre.
Aunque no se hubiera leído, ni menos citado, con esos mismos mimbres de consenso y talante de concordia se elaboró la Transición, entendida como una transacción; un pacto, como casi todos los regímenes democráticos estables desde sus orígenes más remotos. En aquel tiempo de alegría y esperanza, optimismo e ilusión, las cesiones no se tradujeron por claudicaciones. Como en el mito clásico de origen, demokratia se asoció a koinonía, la amistad cívica, desde una filosofía política de concordia como declinación legal de un sistema de acuerdos para gestionar la discrepancia. En este sentido, resulta sumamente curioso –y significativo- que el discurso histórico compuesto por los “padres transicionales” entre 1975 y 1982 coincidiera con el relato de los “perdedores” del conflicto civil, en la amargura del exilio y a cuestas con su terrible experiencia traumática. E importa poco que muchos de los políticos transicionales –y no sólo los procedentes de la derecha- ignoraran los escritos de los derrotados y desterrados republicanos. Antes, al contrario. A efectos del argumento, lo hace más interesante y revelador el que pudieran haber coincidido con Prieto, sin saberlo, al considerar que la guerra era imputable a una generación estúpida porque tuvo por fondo la ruina de España; y con Azaña al creer que el sistema imperante en la retaguardia republicana no era la democracia ni la dictadura militar y eclesiástica de los rebeldes, un engendro vividero.

No debe, pues, sorprendernos que mucho de la arquitectura política transicional esté dibujada con trazos que buscaban corregir supuestos errores del pasado. Así pues –y contrariamente a lo que hoy se sostiene- nuestra democracia actual no tiene como modelo originario la II República. Más bien, la tiene como contra-modelo: la Transición legisló precisamente para impedir la vuelta de aquel clima [del pasado] que resultó tan dañino para España (Felipe González, 1995). ¿Acertaron nuestros demócratas transicionales en la descripción histórica? Desde luego que no. Ni probablemente pretendían hacer historia profesional. Pero atinaron políticamente en cuanto que compusieron con éxito una leyenda histórica que servía a sus objetivos políticos presentes, consistentes en fabricar una democracia plural integradora, consensuada y duradera también. Una leyenda compartida por el 86% de los encuestados por el CIS en diciembre del 2000, orgullosos de la Transición, en contraste con los “desastres del pasado” (G. Peces Barba), que habrían culminado en una guerra civil, en que todos tuvimos la culpa de las atrocidades que se cometieron” (P. Aguilar) –una cita que, significativamente, parece calcada de un título de un conocido socialista (Juan-Simeón Vidarte) de aquel tiempo pasado atribulado y violento: Todos fuimos culpables. En todo caso, el éxito político (medido en términos de opinión y duración) de ese relato histórico compartido, compuesto durante – y para- la Transición, a la vista está. O estaba hasta el 2004.

A quienes, en lugar de juzgar, prefieran comprender aquel tiempo de construcción democrática, les convendrá también saber que, del objetivo de concordia y acuerdo, no se seguía un “Pacto de Amnesia” por temor, como ahora se nos cuenta (R. Torres). Tampoco se confundió “amnistía política, con amnesia histórica”, que se dice hoy (N. Sartorius ). La cacofonía tiende a emparejar y confundir términos que, en realidad, han tenido una intención contrapuesta: como en el origen de la democracia clásica, se amnistía precisamente porque se recuerda (N. Loiraux). Como escenificaron Ramón Rubial y Marcelino Camacho, en España la amnistía fue un ritual de reconciliación que no una coartada de impunidad. Y menos aún del franquismo. Los manifestantes que, doblada la década del setenta, gritaban por las calles de Barcelona, “¡Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía!”, no se referían precisamente a los franquistas, sino más bien a los del Proceso 1001 y otros perseguidos de la izquierda. El gobierno que la decretó en 1977 pensaba en los comunistas y en dar una oportunidad de abandonar las armas a terroristas de ETA arrepentidos. El Presidente González lo expresó en 1986, con ocasión del 50 aniversario de la Guerra, mejor y con más autoridad que nadie: no se trataba de conmemorar una tragedia, si no de reflexionar responsable y críticamente para no repetirla. Nunca más, nos dijo, en palabras que parecieron la traducción literal del never again con que los ingleses del seiscientos clausuraron un largo tiempo de conflictos e iniciaron el régimen representativo moderno.

Como los atenienses tras la tiranía de los Treinta, “precisamente porque se tenía muy en cuenta ese pasado”, nos enseña Carmen Iglesias, se decidió “echarlo al olvido” (S. Juliá), evitando se convirtiera en arma arrojadiza de mutuos reproches. Y procesos. Burke, que todavía registraba el impacto de las guerras civiles inglesas del siglo anterior, advertía que el objeto de la política no es la justicia sino la bondad. Para los atenienses del -403, la reconciliación era lo contrario de la praxis jurídica: se trataba precisamente de evitar procedimientos legales que, en el pensamiento jurídico clásico, eran sinónimo de conflicto y lucha (agon) entre dos posturas irreconciliables. De ahí, la prohibición de todos los díkhai (procesos) que amenazaran con desencadenar nuevos enfrentamientos, alimentados por el rescoldo de viejas querellas. Una política de moderación que recomendaba Isócrates (Contra Kallimakhos) para salvaguarda del régimen político: la amnistía era “la salvación de la democracia” (demokratían sózein), leemos en La Constitución de Atenas. Por eso, se trata de olvidar, no sólo los males que nos han causado, sino principalmente –nos enseña el epílogo de la Odisea- nuestra propia cólera (mnasikholân) y resentimiento. Pero olvido como parte de la memoria. Desde la memoria se decreta el olvido, prohibiendo rememorar agravios pasados. Científicamente hablando, el olvido –nos advierten los neurólogos- es un proceso sustractivo: el espacio que la actividad cerebral deja para el recuerdo (L.R. Squire ). Hacia el final de su Antífona, Sófocles hace que el coro celebre la victoria salvadora de la ciudad con la invocación de que, desde los combates del presente, se instaure el olvido. Quizá por eso, el olvido era venerado en el Erekteion: para sancionar una reconciliación (diáulisis).

Tengo la impresión de que la exigencia de una especie de ajuste de cuentas con el pasado responde a una suerte de nostalgia por un fin revolucionario, brusco y retributivo de la dictadura. De alguna manera, se trata de una idea apoyada en una falsa analogía: ni por su origen, evolución y destino es comparable la suerte del dictador español a los casos de Hitler y Mussolini. En España no hubo marcha sobre Roma y llamamiento del rey Vittorio Emanuele ni nombramiento del Presidente Hindenburg: se produjo una sublevación militar que precipitó un conflicto civil de colosales proporciones. Ética y justicia no deben empañar el reconocimiento de la Guerra como un enfrentamiento civil indiscutible con todas sus consecuencias. Definir el conflicto como una guerra contra el invasor, descartando al bando nacionalista como un pequeño grupo de oficiales africanistas, escoltados por obispos, plutócratas y aristócratas, y asistidos por italianos y alemanes, puede componer un buen poster para la propaganda republicana de guerra pero no es una descripción adecuada de la realidad. En España hubo “dos ciudades” enfrentadas con odios que se prolongaron mucho tiempo porque el general Franco, a diferencia de Lincoln, no fundamentó su poder en “la reconstrucción y reconciliación”, sino en valores negativos, pero, no por ello, menos estables: la victoria y el miedo a la venganza. Por eso puede comprenderse como historiador lo que no se comparte como ciudadano: que el general Franco temiera el espíritu de reconciliación y se alimentara del de la revancha.

Con estos antecedentes, parece difícil que hubiera podido fundamentarse una democracia estable en España, a partir del borrón y cuenta nueva retributivo de una liberación a la americana que nunca se produjo. Por otra parte, si, desde un punto de vista humano y democrático, se ha abonado un precio cuantioso con la prolongación de la dictadura, no se entiende porqué se ha de renunciar, al menos, al cobro de los réditos del tiempo, que todo lo cauteriza y todo lo perdona. ¿Qué se reclama ahora de la Transición? ¿Qué sobre haber esperado casi cuatro décadas el final de la satrapía, se soportara además el peaje de un cambio revolucionario? En la Europa liberada por el Ejército americano, en efecto, nombres y monumentos fascistas o petainistas fueron remplazados en horas a punta de bayoneta. Las mismas que asesinaron a miles de “colaboracionistas” sin juicio previo. En España, nos liberamos a nosotros mismos, demasiado tarde quizá pero, al menos, en concordia y por acuerdo. Por eso el método fue, literalmente hablando, más civilizado; esto es, más democrático.

Por eso quizá, como en la Grecia clásica, la democracia de 1978 se planteaba en España como una vía de reconciliación, “un remedio preventivo” para “conjurar” un conflicto violento (G. Glotz). La idea viene de antiguo: La Orestiada nos enseña que la democracia es la conciliación piadosa que resuelve una tragedia de discordia civil. En el mismo sentido, pero en nuestro tiempo, Ludwig von Mises interpreta “la función social de la democracia” en la eliminación de la competencia violenta, en la medida que “hace posible la adaptación del gobierno a los deseos de los gobernados”.

José Varela Ortega

Editor de EL IMPARCIAL

José Varela Ortega es editor de EL IMPARCIAL e historiador

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