Garzón huye: ha pedido el traslado a la Corte Penal Internacional

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el traslado al Tribunal Penal Internacional para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía, según informaron fuentes próximas al magistrado.

Garzón, que abandonaría de esta forma el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha realizado esta solicitud después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo.

El magistrado ha pedido al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles, que le declare en situación de servicios especiales. La solicitud de Garzón será estudiada mañana miércoles, informaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial.

Antes de hacer esa petición, Garzón ha informado al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha dado su visto bueno al traslado. De acordarse la incorporación del magistrado al TPI, ésta sería inmediata y el juez trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo ya le ha comunicado que eventualmente podría desplazarse a lugares como Congo, Uganda o Colombia, donde este tribunal tiene investigaciones abiertas. La situación de servicios especiales es asimilable a una excedencia, con la diferencia de que no se pierde el destino y no hay que volver a concursar.

En cualquier caso, la Comisión Permanente deberá analizar si el cargo al que opta Garzón figura en el catálogo de puestos internacionales que dan derecho a la declaración de servicios especiales.

Estar en esa situación, han explicado fuentes del CGPJ, no implica modificación alguna en el estatus del juez, que seguirá siendo titular de su Juzgado -el Central de Instrucción número 5- y mantendrá la condición de aforado, por lo que las causas que tiene abiertas seguirán tramitándose en el Tribunal Supremo.

Estas fuentes han añadido, sin embargo, que en el caso de que en los próximos días se dicte la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, no está tan claro que el CGPJ pudiera acordar su suspensión provisional.

La razón es que esta medida cautelar está prevista para apartar del servicio activo a los magistrados encausados penalmente, pero en el caso de Garzón habría perdido ya su objeto. La situación cambiaría nuevamente cuando finalizara el plazo de siete meses por el que ha solicitado el traslado al TPI y Garzón tuviera que reincorporarse a la Audiencia Nacional, momento en el que, si no ha habido novedades en las causas que se tramitan contra él, debería ser suspendido.

Además de la que instruye Luciano Varela por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, que es la más avanzada procesalmente, Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Tribunal Supremo. Una de ellas se refiere a los fondos librados por el Banco Santander para patrocinar los cursos que el magistrado impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, mientras que en la otra -en la que ayer mismo declaró como imputado- se le investiga por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados.