Suspenso a Garzón con todas las de la ley

El vapuleo a que está siendo sometida la Justicia de un tiempo a esta parte es absolutamente intolerable. Tanto los magistrados del Constitucional por el recurso del Estatut como los del Supremo por las causas que tiene abiertas Garzón soportan una presión totalmente fuera de lugar. A ellos se añaden ahora los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo pleno suspendía ayer de sus funciones al susodicho Garzón con el revisionismo al franquismo como telón de fondo. Conviene decir que el Consejo ha actuado en el ejercicio de sus funciones, y que la decisión que ha adoptado ha sido tomada por unanimidad. Y conviene decirlo porque desde los medios habituales se ha emprendido una campaña de desprestigio contra el mal llamado “sector conservador” de la judicatura con fines de lo más espurio.

La clasificación de los jueces por colores políticos, en lugar de analizar profesionalmente sus actuaciones, es lamentable e irresponsable y además errada, como se viene demostrando una y otra vez. En materia de Justicia, las etiquetas nunca son buenas. Un juez, magistrado o miembro del CGPJ puede pensar como le venga en gana. Y ello no obsta a que lleve a cabo las funciones que le han sido encomendadas con la mayor profesionalidad posible. Dicho lo cual, a Garzón no le suspenden los jueces de la derecha, sino sus propias actuaciones, susceptibles de ser investigadas por el Tribunal Supremo. Si se hubiera conducido con arreglo a derecho, nada de esto habría sucedido. Pero no es así. La Justicia dirá si hubo o no prevaricación en el tema del franquismo pero, entre tanto, esa misma Justicia dispone una serie de formalidades procesales insoslayables para todo el mundo, Garzón incluido. Si no tiene nada que ocultar, tampoco debe temer nada. Ni él ni la estruendosa “cla” que se ha montado con la excusa de brindarle apoyo y, de paso, cargar contra todo y contra todos. Garzón es un ciudadano más y, como tal, ha de afrontar las consecuencias de sus actos. Así las cosas, su suspensión es algo que entra dentro de la más absoluta normalidad procesal. Una suspensión con todas las de la ley.