La tarea económica del nuevo Gobierno

El momento en que se han celebrado las elecciones generales ha sido bueno para la economía española. Únicamente en la primera parte de una legislatura es políticamente posible adoptar las medidas económicamente deseables. Nuestra economía se encuentra en un proceso de rápida desaceleración como consecuencia del agotamiento de las fuerzas que han impulsado su expansión durante los últimos diez años. La principal tarea económica de la legislatura debe ser la creación de bases sólidas que sustituyan a los erosionados fundamentos del pasado y permitan sustentar un crecimiento económico tendencial elevado en el futuro. Otra tarea igualmente importante es intentar que la etapa de desaceleración sea lo más suave y benigna posible. No será fácil conciliar estos dos objetivos. Frecuentemente, una preocupación obsesiva por el corto plazo erosiona los resortes del crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, si se inyectan estímulos fiscales excesivos, aunque con ello se consiguiera ralentizar por un tiempo la desaceleración, se elevarían los diferenciales de inflación y se desviarían los fondos prestables hacia el sector público, con los consiguientes efectos nocivos sobre el potencial de crecimiento del sector privado de la economía.


Dicho esto, la etapa descendente de ciclo económico suele ser un buen momento para efectuar rebajas impositivas que pueden aumentar la eficiencia de la economía y su potencial de crecimiento. Es imprescindible reducir y eliminar tipos de IRPF, así como rebajar el impuesto de sociedades. Una reducción sustancial de este último impuesto, que tiene una especial incidencia sobre la inversión y el empleo, es lo más parecido a una devaluación del tipo de cambio real cuando un país opera en régimen de tipo de cambio fijo con sus principales socios comerciales. Otra medida de efectos similares sería la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Esta última medida, sin embargo, se habría de complementar con algunas reformas de nuestro sistema de pensiones.


Desde el punto de vista del crecimiento a largo plazo, es imperativo combinar las rebajas de impuestos directos con reformas de los principales subsistemas de gasto público encaminadas a reducir el fuerte ritmo de crecimiento tendencial hoy latente en dichos subsistemas. Si no se llevan a cabo estas reformas, la disyuntiva que se abrirá al nuevo gobierno será elegir entre un aumento del diferencial de inflación con la consecuente pérdida de competitividad de la economía, o subir los impuestos indirectos. La otra palanca para que nuestra economía pueda recuperar en su momento la senda del crecimiento elevado y duradero son las reformas del mercado de trabajo y de los mercados de bienes y servicios. Entre estas reformas, yo destacaría las del mercado de la energía, del suelo, del transporte y de la distribución minorista.


Hay, sin embargo, una reforma previa a todas las medidas anteriores que habrá que abordar inmediatamente. Se trata de la financiación de los distintos ámbitos territoriales del Estado. Se ha de establecer un sistema de financiación del Estado Central, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que guarde proporción con la estructura federal del gasto público y genere los incentivos correctos para que quien decida el gasto público sea también responsable ante los ciudadanos de la exacción de impuestos necesaria para financiarlo. No será fácil conseguir fijar un sistema estable y eficiente de financiación de las diversas Haciendas Estatales, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de caída de ingresos públicos en que habrá que discutir dicho sistema. Pero si esto no se consigue, será difícil impedir un desfase creciente entre gastos e ingresos públicos que, además, dentro de no mucho tiempo se acentuará por la aparición del déficit en las cuentas de la Seguridad Social.