El Gobierno aprueba por decreto la reforma laboral entre críticas políticas y sociales

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno tiene una "ambición" primordial: que "el despido sea siempre la última opción". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto ley con la reforma, De la Vega aseguró que esta norma recoge el "espíritu" de las aportaciones de los agentes sociales, y también de algunas de las transmitidas ya por los partidos políticos en las negociaciones para su aprobación parlamentaria.

El Gobierno, insistió la vicepresidenta, "quería consenso" con los agentes sociales y, aunque no ha sido posible, ha decidido incluir muchas de sus propuestas "desde el equilibrio". Además expresó su confianza en que una reforma como ésta, "ambiciosa, sustantiva y de calado" se haga con el mayor grado de acuerdo parlamentario, y por eso ya se han tenido en cuenta algunos de los criterios de los grupos políticos. De la Vega aseguró que el Ejecutivo ha aprobado esta reforma laboral, "la más importante de las emprendidas en veinte años", desde la "convicción de su necesidad" y porque "ni elude ni diluye su responsabilidad".

El Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios, y no sólo en los de fomento del empleo, como antes había previsto el Gobierno, ha informado hoy el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas para justificar despidos objetivos, sin un periodo determinado para ello, explicó el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la reforma laboral que hoy ha aprobado el Gobierno.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Corbacho afirmó no obstante que las causas objetivas de un despido "siempre debe determinarlas un juez" por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva y aseguró que el texto del decreto ley se ha modificado para "arrojar claridad".

Asimismo, dijo que el Gobierno "no espera" que este concepto se modifique durante la tramitación del decreto ley en el Parlamento como proyecto de ley a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios.

Aseveró que "nunca estuvo en la propuesta de Gobierno" determinar el plazo de pérdidas económicas que debe acreditar una empresa para poder despedir de forma objetiva, con una indemnización de 20 días y dijo que la propuesta de que fueran 6 meses consecutivos de pérdidas estuvo en la mesa del Diálogo Social pero fue rechazada.

Corbacho precisó que en el decreto ley el texto que define las pérdidas como "no meramente coyunturales" ha sido sustituido por la frase: "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa".

Explicó que esta situación económica empresarial deberá ser acreditada con "resultados" según cada empresa con el fin de poder concretar la extinción de un contrato, aunque resaltó que el decreto ley pretende que las empresas "no empiecen ajustando plantillas".

El ministro reconoció que la redacción se ha cambiado porque el concepto "coyuntural" tuvo observaciones esta semana por parte de diferentes portavoces de los partidos políticos y consideró que el nuevo texto "es más preciso".

Otras de las medidas aprobadas este miércoles es la ampliación del uso del contrato de fomento del empleo -con 33 días por despido improcedente-, al incluir al colectivo de trabajadores fijos de entre 31 y 44 años que hayan sido despedidos. En este sentido, Celestino Corbacho rechazó que la idea sea la de universalizar este tipo de contrato porque, recordó, se mantienen los derechos adquiridos en el contrato indefinido ordinario -45 días de indemnización- y la reforma no tiene efectos retroactivos.