Vueltas y revueltas del problema catalán

Hay una pregunta que me parece clave para entender la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil y que no he visto planteada -ni la pregunta ni sus posibles respuestas- en los estudios recientes de los historiadores expertos en el periodo. Se podría formular más o menos así: ¿por qué algunos de los intelectuales más prestigiosos que contribuyeron a crear el festivo ambiente que hizo posible el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones del 12 de abril de 1931 giraron antes o después hacia posiciones hostiles a la República o apoyaron abiertamente al bando franquista durante la guerra? Estoy pensando en José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala o Azorín, entre otros que constituyeron la Agrupación al Servicio de la República entre finales de 1930 y principios de 1931, y sobre todo estoy pensando en Miguel de Unamuno, cuya vuelta a España tras el exilio al que le sometió la Dictadura de Primo de Rivera se hizo en medio de grandes explosiones de júbilo popular, de gritos prorrepublicanos e incluso de ataques feroces contra su persona de los monárquicos más recalcitrantes, que años después militaron en las filas franquistas.

Pienso que en las posibles y complejas respuestas a esta pregunta hay claves suficientes para interpretar este conflictivo periodo de la historia de España. No se puede saldar la cuestión, como se hacía hace años y todavía hacen hoy algunos historiadores, con la simpleza de que eran unos “fachas” y don Miguel, además, un paradójico que no era capaz de estar de acuerdo consigo mismo.

La no comprensión de la complejidad de las posibles respuestas a esta pregunta ha permitido que pasen por buenos algunos errores graves de interpretación. Así muchos han hecho y hacen el siguiente silogismo: como Ortega no apoyó a la República durante la guerra, era un facha y necesariamente era un españolista contrario a las aspiraciones del catalanismo. Si bien la primera proposición es cierta (Ortega no apoyó a la República durante la guerra), las dos últimas proposiciones son falsas, pero aquí sólo voy a intentar mostrar la falsedad de la última.

Pocos intelectuales de la época dedicaron tanto tiempo a pensar la reconfiguración de España como Estado autonómico. Ortega había planteado el tema en algunos de sus primeros escritos pero fue en los años veinte cuando abordó la cuestión de forma más sistemática, en un momento en el que la situación política no era especialmente afín a estos planteamientos, en plena Dictadura de Primo de Rivera, lo que le costó que varios de sus artículos fueran censurados. Algunos catalanistas de la Lliga (el partido nacionalista más fuerte por entonces) apoyaron inicialmente al dictador, pero éste les pagó con la falsa moneda de la represión de los intereses del catalanismo y muy especialmente tomó medidas contra el uso público del catalán. Ortega, en una posición radicalmente contraria a este centralismo, defendió la división de España en grandes regiones autónomas, con sus respectivos parlamentos y sus ejecutivos, que ejerciesen atribuciones no sólo administrativas sino también políticas, y que diesen respuesta a la idiosincrasia de cada territorio y de cada cultura. Los planteamientos del filósofo sobre esta materia pueden verse en su libro La redención de las provincias y la decencia nacional, publicado en el cuarto tomo de la nueva edición de sus Obras completas (Taurus / Fundación José Ortega y Gasset, 2005).

Luego, en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Ortega volvió a defender sus planteamientos, aunque aquí ya en una situación diferente, pues no se trataba sólo de luchar contra el centralismo sino también contra la posibilidad de que la Constitución estableciese un diseño federal del Estado. El filósofo, en uno de sus más famosos discursos parlamentarios, distinguió los términos “autonomía” y “federación” sobre la base del concepto de soberanía (“Federalismo y autonomismo”, en Rectificación de la república, recogido en el citado tomo IV de las nuevas Obras completas). El proyecto constitucional sometido al pleno de las Cortes preveía un Estado federal y Ortega consideraba, e intentó convencer al resto de diputados, que eso ponía en cuestión la soberanía unitaria del pueblo español. Él era partidario de una gran descentralización política y administrativa, pero no de que se pudiera romper la unidad de soberanía; por eso apostaba por un Estado autonómico. Las palabras de Ortega, junto a las de otros, convencieron a suficientes diputados para que España no fuera definida en la Constitución republicana como un Estado federal. Integral se le llamó finalmente. Federación, decía Ortega en su discurso, viene de pacto, de foedus, y sólo pueden pactar las partes que son soberanas, es decir, que son depositarias del poder último, del que emanan todos los demás. Hablar de España como un Estado federal en 1931 le parecía a Ortega que era ir contra la unidad que había forjado la historia (como en cualquier proceso nacional), lo cual era posible pero no le parecía razonable en un tiempo en el que se debía tender a integraciones superiores. No olvidemos que fue uno de los pioneros en promover unos Estados Unidos de Europa.

Cuando llegó la discusión del borrador del Estatuto catalán a las Cortes, Ortega volvió a tomar la palabra el 13 de mayo de 1932. Empezó excusándose porque iba a pronunciar un “discurso doctrinal”, que era el tipo de discursos que quería evitar uno de los principales representantes del catalanismo, Lluís Companys. El filósofo, frente a las posiciones de éste, volvió a plantear la discusión en términos de soberanía, porque aunque se había evitado que en la Constitución España fuese definida como una federación, el proyecto de Estatuto presentado volvía a poner en cuestión la unidad de soberanía al hablar de que “El poder de Cataluña emana del pueblo” y al hablar asimismo de una supuesta “ciudadanía catalana”, cuando, según Ortega, tenía que quedar claro que el poder de Cataluña emanaba no del pueblo catalán, que no existía como entidad política (otra cuestión era y es como entidad cultural o humana), sino del pueblo español en su conjunto, único sujeto de la soberanía.

Para Ortega, frente a lo que plantearía poco después en la misma Cámara el presidente Manuel Azaña, el problema catalán era un típico ejemplo de “nacionalismo particularista”, de “señerismo”, que no se podía resolver de una sola vez. “Yo sostengo -dijo Ortega en aquella sesión- que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”.

Poco después Ortega intentaba definir qué es el “nacionalismo particularista” y decía: “Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspira los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones, no; es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No; no existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la Península, se ha formado esta España compacta”.

El texto que aquí presentamos, “[El caso catalán]” (incluido en el recientemente publicado tomo VIII de la citada edición de Obras completas), es posible que sea un borrador desechado del comienzo de este discurso. En él, Ortega acusa a los catalanistas de plantear las graves cuestiones de la formación de un nuevo Estado como la República sólo desde su perspectiva particular, “porque desde siempre he creído -afirma- que a las aspiraciones catalanas cabía darles una figura atractiva, de gran resonancia nacional capaz de arrastrar tras sí animadamente al resto del país, quitándole ese aire de perpetuo enojo contra el Estado español, de mordisco a la convivencia nacional”.

Ortega pensaba que las justas reivindicaciones de Cataluña y de otros nacionalismos como el vasco (el nacionalismo gallego era entonces débil, hasta el punto de que al filósofo le preocupaba el nihilismo regional de Galicia) podían integrarse dentro de un gran proyecto unitario de futuro. Creía que los planteamientos nacionalistas no tenían por qué plantearse contra España sino con España dentro de un mismo impulso histórico, y pensaba que un gran proyecto político, como pudo ser la República, serviría para que los nacionalismos “apartistas” se diluyesen. Ortega se equivocó en esto. La democracia española de estos últimos treinta años ha sido ese gran proyecto que no pudo ser la República, dinamitada desde fuera por los radicalismos de derecha y desde dentro por los radicalismos de izquierda, pero el problema nacionalista sigue vivo y sin visos de tener la grandeza de miras de integrarse con toda su peculiaridad reconocida en un gran proyecto estatal.