Todos los políticos ganan con la sentencia del Estatut; pierden los ciudadanos

Los partidos catalanes están convulsionados. Salvo el PP, nacionalistas, independentistas y socialistas -en realidad y tras los experimentos del señor Zapatero, nacionalistas todos ellos- han alzado la voz contra una resolución judicial que consideran “ultrajante”, en palabras de Montilla. Siendo grave de por sí que un personaje público se permita semejante calificativo hacia una sentencia del Constitucional, resulta aún peor si quien lo hace es el presidente de una comunidad autónoma, una autoridad del Estado, pues. Pero aunque la indignación de las fuerzas políticas catalanas sea palpable, en el fondo no es más que una impostura. Saben bien que la resolución pilotada por María Emilia Casas es la más benévola de cuantas se podían emitir. Se carga puntos fundamentales del Estatut, cierto, pero deja incólume más del noventa por ciento de su articulado, pese a la sombra de duda arrojada sobre una treintena de preceptos.

No ganan sólo ellos. También el PSOE, donde la viabilidad del Estatut era poco menos que la prueba del nueve de la legislatura. Zapatero ha hecho una defensa numantina del Estatut; de haberlo tumbado el Constitucional, hubiese quedado más tocado de lo que ya lo está. Y por si esto fuera poco, el PP se ha sumado al carro del triunfo, con el argumento de que 15 artículos son inconstitucionales y otros 30 interpretables. Va a ser cierto aquello de que la victoria tiene muchos padres y el fracaso, ninguno.

Pero sucede que lo que demasiados políticos consideran éxito, no es tal cosa, sino lo contrario. Porque pierde prestigio una institución como el Tribunal Constitucional, que finalmente no ha podido resistir la presión y ha cedido a las componendas políticas, quedando seriamente marcado. Pierde la clase política catalana, retratada casi en su totalidad con su autoritaria reacción ante una resolución judicial efectiva. Pierde, fundamentalmente, la ciudadanía española en su conjunto, que ve como una idea de nación de ciudadanos libres e iguales, que era la seña de identidad de la izquierda española desde 1812, va siendo sustituida por una confederación de territorios. Y pierde, por fin, una idea de la democracia como consenso y acuerdo en temas de Estado.