Los papeles de Alcalá-Zamora

Los papeles personales que tenía el que fue Presidente de la República entre finales de 1931 y la primavera de 1936, estaban en una caja de seguridad del Crédit Lyonnais de Madrid cuando comenzó la guerra civil. La caja fue saqueada pocos días después y Alcalá-Zamora siempre estuvo convencido de que el asalto fue dirigido, o inspirado, por un dirigente de las juventudes socialista -después comunista- que ahora dice que está retirado aunque sigue pontificando por ahí, con la complacencia de los que le quieren oir y sólo tienen memoria histórica para algunas cosas.

Entre esos papeles había un borrador de las memorias de Alcalá-Zamora que fue publicado -de forma fragmentaria y sectaria- durante la guerra civil. Terminada ésta, los avatares del conflicto hicieron que aquellos papeles cayeran en manos de un ciudadano que los ha tenido retenidos hasta hace algo más de un año, cuando los quiso poner a la venta. La persona con la que contactó el vendedor tuvo el buen criterio de ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, que recuperó esos documentos y los entregó al ministerio de Cultura.

Los descendientes de Alcalá-Zamora, que conocían la existencia de esos documentos pero que, por prudencia, no quisieron denunciarla, han reclamado la entrega de los documentos, aunque parece que el Ministerio de Cultura ha decidido depositarlos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Todo ello forma parte, en última instancia, de una batalla jurídica para los que no todos estamos preparados.
Lo que si me llama la atención es que un catedrático de historia de una universidad española aparezca citado en un periódico madrileño afirmando que los papeles de un Jefe de Estado, sean los que sean, no tienen carácter privado.

Pues no. Cualquier ciudadano, aunque sea un Jefe del Estado, tiene derecho a un área de privacidad que, lógicamente, se extenderá también a los papeles que escriba en esas circunstancias. Alcalá-Zamora era una persona que, aparte, de su actividad política se interesó por otro tipo de temas, como eran los jurídicos, literarios o históricos, y resulta absurdo pretender que todos los materiales que constituyeran su archivo tengan que tener carácter público. Por no hablar de su correspondencia o documentos de carácter íntimo.
Lo que sí resulta preocupante es esa pasión confiscatoria que parece poseer a alguno de mis colegas que no parecen encontrar otra instancia en la que confiar que no sea la del Estado. Un Estado, en cualquier caso, de cuyo control parecen sentirse seguros.
Me provoca la misma desconfianza que me produjo la conocida frase que pronunció, no hace muchos años, un conocido político sevillano: “Tó p’al pueblo”.