La España coyuntural nacionalista o de la orfandad del pueblo español

La democracia española tiene un muy serio problema de fondo que no ha dejado de agudizarse prácticamente desde sus inicios hasta hoy, y que ha encontrado en el Estatuto de Cataluña y el conocido Fallo del Tribunal Constitucional, su siempre eterno penúltimo capítulo, porque, como seguidamente veremos, cual Sísifo o minotauro, estamos encerrados en un círculo vicioso del que sólo el conocimiento de su existencia nos permitirá poder salir de él, del laberinto nacionalista que, al final, casi todo lo envuelve. Trataré de explicarme, pues la idea es algo compleja y como la realidad que refleja, tiene muchas aristas.

La transición política española y su resultado más expreso, la Constitución de 1978, se caracterizaron claramente por su intento expreso de incorporar a la nueva España democrática a los partidos nacionalistas, especialmente a los vascos y a los catalanes. La descentralización y el camino hacia al autogobierno no sólo eran una clara muestra de ruptura con el régimen anterior, sino el reconocimiento a un sentir o sensibilidades especiales que se daban, insisto, primordialmente en esas dos regiones españolas. Generosidad y lealtad fueron las apuestas y acuerdos de partida.

Con la ventaja que ofrece siempre el paso del tiempo, podemos afirmar que no se hizo el mejor diseño de la organización territorial del Estado, en el Título VIII de nuestra Constitución. Y posiblemente sea éste el principal problema de nuestro Texto constitucional. Pero un Estado constitucional es el fruto de la realidad de dos factores: a) El sistema político diseñado en la Constitución y, b) El desarrollo que del mismo hacen los poderes constituidos y sus diferentes interacciones (poder legislativo, ejecutivo, judicial, corrector (Tribunal Constitucional), electoral (pueblo español), poder autonómico (las 17 CC.AA) y poder moderador (el Rey), principalmente. Y es en este factor b) donde entra el penúltimo capítulo vivido desde el conocimiento del Fallo, que no de la Sentencia al completo, de nuestro poder corrector o Tribunal Constitucional, como respuesta a la acción conjunta de parte del poder autonómico, ejecutivo y parlamentario.

Insisto, sin ser perfecta la Constitución de 1978 en materia de organización territorial y a mi entender necesitada de alguna modificación relevante para tratar de encauzar con prudencia y compromiso democrático el interés general de los 46 millones de españoles, última razón de ser de nuestra Constitución y sistema político, entiendo que el principal problema se encuentra en la muy errónea actuación de parte de los principales poderes constituidos, donde la generosidad y lealtad de los inicios, se ha traducido en muy diferentes papeles en la actualidad. Por trágico que suene lo que voy a afirmar, parte de los principales poderes constituidos han abandonado su razón de ser principal en democracia, que no es otra que defender el interés general de los españoles. Sé de la gravedad de tal afirmación, pero a los hechos me remito.

No comparto para nada la crítica recibida por el Fallo, de ciertos sectores que dicen representar el interés general de los españoles. El fallo del Tribunal Constitucional es muy claro al manifestar la inconstitucionalidad del Estatuto, busquen sino otra Ley en la democracia española que tenga afectados 41 preceptos, y de ellos 14 expulsados en todo o en parte del ordenamiento jurídico. Creo no equivocarme al afirmar que no la hay. El Tribunal Constitucional ha frenado en seco la actuación de parte de los poderes constituidos que se alejaba del orden constitucional de 1978 y, por tanto, del interés general de los españoles. Las múltiples ramas nos tienen que dejar ver el bosque, señores, y no tengo dudas que éste lo componen 46 millones de españoles, con sus derechos y deberes y sus problemas cotidianos. Pero ¿A quién interesa el Estatuto? Desde luego no al pueblo catalán, que lo apoyo menos de un 35 % y qué decir del resto de los españoles.

La política española y los 46 millones de españoles estamos viviendo la enorme tragedia de la orfandad de una parte importante de los poderes constituidos, de nuestros principales actores político-institucionales. En este sentido creo que el Tribunal Constitucional en lo esencial, ha estado a la altura de las circunstancias. También veo que el poder judicial está luchando denodadamente por tratar de cumplir las funciones que le atribuye el artículo 117 CE, sobre todo desde su independencia -con Manifiesto incluido-. No tengo la más mínima duda de la siempre sensata e incomprendida función moderadora que el Rey ejerce pacientemente desde hace más de tres décadas. ¿Quién está pues fallando? A mi entender, Gobierno y Parlamento, principalmente y, desde luego, una parte de la España autonómica que sigue el juego al nacionalismo desleal. Tres patas liadas en un microcosmos del que el pueblo español es el sufriente convidado de piedra. Aunque cada cuatro años, como poder electoral, puede y debe dejar de serlo.

Desde hace años, posiblemente cuando Felipe González perdió su última mayoría absoluta (1993), por increíble e insensato que parezca, el desarrollo, nada menos, que de la organización territorial del Estado se ha realizado principalmente según la coyuntura político electoral del momento, donde el chantaje de los partidos nacionalistas -principalmente PNV y CiU-, han supuesto que PSOE y PP hayan perdido de vista el interés general de los españoles para, como sea y al precio que sea, entrar o mantenerse en La Moncloa. El pueblo español no es tonto, y la cada vez mayor lejanía y valoración de su oligarquía política que demuestran las encuestas del CIS, no es casual. El partido político -tradicional o nuevo- que más perseveré en la defensa del interés general de los españoles, será, no tengo dudas, el que logré soltar la pesada piedra nacionalista, para que Sísifo sea liberado de tan inútil, falsa y sobrerrepresentada carga.