Ningún juez ordenó la detención de José Joaquín Ripoll en Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.

Sin embargo, a las 12.00 horas de este mediodía, Ripoll ha asegurado ante los medios de comunicación que la Policía se presentó en su domicilio con el secretario judicial y que le dieron una citación para mañana ante el juez, 8 de julio a las 14 horas.

Fuentes del TSJCV han manifestado, en lo que respecta a posibles cargos, que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aun tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", ya que los arrestos de ayer forman parte de una actuación policial previa a la que pueda derivarse posteriormente en el juzgado.

Del mismo modo, "no se ha acordado la citación judicial ni la imputación judicial respecto de ninguna de las personas", salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.

Aunque estas fuentes no han precisado qué tipo de actuación se llevó a cabo en esa fecha, a raíz de las diligencias abiertas dos meses antes, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, ha expuesto que las detenciones de ayer se enmarcan en la operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha informado este miércoles de que la operación policial desarrollada ayer en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial.

La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la fiscalía anticorrupción, se ha saldado, por el momento, con once detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien, tras comparecer ante la Comisaría Provincial, quedó en libertad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado, a través de un comunicado, que la instrucción de la diligencias ha sido asumida desde marzo de 2007 por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional.

El actual magistrado asumió la causa, tras su incorporación al Juzgado de Orihuela, a finales del pasado mes de febrero, por lo que la causa contaba ya con casi tres años de investigación bajo secreto decretado por otros instructores.

Las mismas fuentes han advertido a los medios de comunicación de que el Magistrado titular del Juzgado que instruye la causa "no hará ninguna alusión siquiera sucinta de los hechos, delitos ni personas físicas o jurídicas a los que se refiera la investigación".

Por ello, el Juzgado de Orihuela ha subrayado que no ha dado orden alguna de autorización a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, para proporcionar información sobre estas actuaciones ante el "evidente riesgo" de desvirtuar el secreto del sumario.

Además, según han remarcado, "por el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucionales y legalmente establecidas, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".

Pons habla de "tufo"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que las detenciones ayer en Alicante fueron "confusas"y "echan tufo a detención publicitaria y política" para allanar el camino de José Luis Rodríguez Zapatero "de cara al debate del estado de la nación más difícil de su vida".

En una rueda de prensa en la sede del PP, González Pons ha exhibido un documento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la citación de la Policía y la nota de prensa facilitada ayer a los medios de comunicación para confirmar que la Policía mintió, no hubo orden judicial y las detenciones se decidieron en Madrid, así como el día y la forma "tan espectacular" de actuar.

Por ello, González Pons ha exigido una "aclaración inmediata" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de todos los "puntos oscuros", ha informado de que el PP no entrará a valorar el fondo de los hechos y ha insistido en que la detención, en concreto la del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, tenía la clara intención de hacer publicidad a favor del Gobierno y en contra de la oposición.

González Pons también ha dicho que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que impera el Estado de Derecho están en riesgo".

Pons ha evitado contestar si la Dirección del PP apoya a Ripoll y ha comentado que el Partido no entra en el fondo, pero sí en los "gravísimos hechos" acaecidos que sugieren una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de la Policía.

A la pregunta de cómo el PP se enteró de las detenciones, González Pons ha dicho que no le consta que hubiera una llamada del ministro del Interior al líder del PP, Mariano Rajoy, pero si hubiese sido así "se demostraría que quien tomó la decisión fue Rubalcaba, o un miembro del Gobierno socialista, y no el juez de Orihuela".