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Europa mira con desconfianza hacia el Sur

La corrupción gangrena el Magreb

jueves 08 de julio de 2010, 16:28h
Si bien es cierto que el mercado natural de los países meridionales de Europa occidental es el norte de África, los empresarios, las instituciones y la sociedad civil de España, Francia e Italia, miran con desconfianza a un Magreb minado por la corrupción.
La gran mayoría de países de la Unión Europea se encuentran en el pelotón de cabeza de naciones "limpias" según el ranking que publica anualmente la organización Transparency International. Dinamarca es el número 2, seguida de Suecia, Suiza, Finlandia y Holanda. Un poco más atrás se encuentra Francia en el puesto 24, España en el 32 y Portugal en el 35. En cola de los grandes países europeos está Italia que ocupa la 63 plaza en la última lista publicada correspondiente al año 2009.

Los tres países del Magreb central, con los que las naciones europeas del Mediterráneo occidental mantienen profusos intercambios económicos, comerciales, políticos y sociales, están en los puestos 65 (Túnez), 89 (Marruecos) y 111 (Argelia), y sus índices respectivos son de 4,2 para Túnez, de 3,3 para Rabat y de 2,8 para Argel. Lo que supone un aprobado raspado para el primero y suspensos netos para los dos últimos.

Aunque los elencos que maneja Transparency International son meramente estadísticos y simbólicos, sin ninguna consecuencia legal, no cabe duda que influyen en las estrategias empresariales y en el comportamiento de las diferentes instituciones europeas que trabajan en el norte de África.

Los escándalos de corrupción que han estallado en Argelia en los últimos tiempos han salpicado el vértice mismo del Estado. Gracias a la acción de los servicios de inteligencia militares, el llamado "caso Sonatrach" (la empresa de Estado de hidrocarburos que asegura el 98% de las divisas gracias a las exportaciones de gas, petróleo y derivados) se ha llevado consigo no sólo la cúpula empresarial sino al propio ministro de Energía y Minas dejado en la cuneta en la reciente remodelación gubernamental. Pero no ha sido el único. Otros escándalos, de menor calado pero igualmente sintomáticos, como el de la autopista que unirá el país de este a oeste, la bancarrota del holding financiero Khalifa, el desfalco de fondos destinados a la agricultura, el escándalo de la pesca ilícita de atún rojo, y tantos otros, han mostrado que la corrupción se ha instalado como "modo de gobernanza".

Al iniciar su tercer mandato, el presidente Abdelaziz Buteflika prometió mano dura contra la corrupción y pidió la ayuda de la prensa. Ésta no ha cesado de denunciar a altos funcionarios del Estado, ministros y generales, cuyas "sociedades ficticias y fundaciones en Suiza, Liechtenstein, en Corea, en Hong Kong y en Río de Janeiro", acumulan sumas fabulosas sacadas de las arcas píblicas.

El gobierno marroquí ha ido más lejos. No sólo ha denunciado como su homónimo argelino, la extensión de la corrupción, sino que ha creado una "Instancia central de prevención de la corrupción" (ICPC), que acaba de hacer público un balance escalofriante. Su presidente, Abdeslam Aboudrar, afirma que "los sectores más corrompidos por orden de importancia son: la función pública, el aparato judicial, el Parlamento, los partidos políticos, el sector privado y los medios de comunicación". El primer Ministro Abbas el Fassi ha prometido este lunes en Rabat que la ICPC va a ser dotada de "la autonomía necesaria para cumplir su misión".

Según Aboudrar "la falta de transparencia, la impunidad, el deseo de enriquecerse, la estrechez de los salarios y la ineficacia de la acción anticorrupción" se encuentran entre las causas de la expansión del fenómeno.

Curiosamente, aunque Túnez es el país mejor calificado del conjunto del Magreb, y que se ha dotado de la correspondiente legislación anticorrupción desde 2005, en sus cárceles no hay ni altos funcionarios, ni ex ministros, ni personalidades de renombre. A diferencia de Argelia y de Marruecos, donde la lucha anticorrupción ha alcanzado a la nomenclatura militar y del aparato del Estado, en Túnez los escándalos sólo afectan a niveles medios de decisión. Sin embargo, desde las filas de la oposición se ha denunciado repetidamente en los últimos tiempos el acaparamiento de los recursos económicos y financieros del país por lobbys estrechamente vinculados a la familia presidencial y sus allegados.

De cualquier manera desde la sociedad civil magrebí se considera unánimemente que el progreso en los derechos y libertades individuales es inseparable de la lucha contra la corrupción. Y mientras ésta lacra siga anclada en las estructuras y en las mentalidades, no se podrá hablar verdaderamente de transición democrática.
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