Rehacer la Transición

No nos andemos con medias palabras ni medias tintas. Digámoslo de forma diáfana aquéllos que no somos dados ni al epíteto exuberante ni al adorno barroco: la vida política está en crisis, en crisis profunda porque no es epidérmica sino de los fundamentos que sostienen el sistema político. No es sólo española, pero esto no debe consolarnos. Esta crisis de la vida política es mucho más grave y preocupante que la crisis económica, pero la fusión de ambas puede convertirse en una mezcla explosiva.

Hay muchos síntomas de esta crisis. Chocamos con ellos a diario sin necesidad de ir a buscarlos. Quizá el principal, aunque no el más evidente, sea la confusión con que se manejan los principios esenciales en los que se ancla nuestro sistema constitucional. A propósito de la sentencia –a mi juicio prudente y ajustada rigurosamente al marco normativo, como no podía ser de otro modo– sobre el Estatuto de Cataluña hemos oído todo tipo de opiniones y valoraciones. Muchos dirigentes socialistas, incluidos el presidente y la vicepresidenta primera, han interpretado la misma en términos cuantitativos, como si lo importante fuesen aquellos dos símbolos matemáticos que José Bergamín puso a la revista Cruz y Raya, una revista “de poco más o menos”, como la llamaba Juan Ramón Jiménez, quizá injustamente. ¿A quién le han dado un poco más o un poco menos de razón, se dicen estos dirigentes socialistas? Y se contestan para regocijo propio y –quiero suponer– estupefacción de muchos ciudadanos: dado que el Tribunal sólo ha declarado inconstitucionales unos pocos artículos, nos ha dado más razón que al Partido Popular porque los artículos declarados inconstitucionales son muchos menos que los que el PP recurrió. Lean, por favor, dichos líderes socialistas el artículo que el maestro y padre constitucional Gregorio Peces Barba publicó bajo el título de “El Estatuto catalán y el respeto” en El País del pasado 29 de junio, cuyas tesis comparto salvo en la exoneración de culpas a Alfonso Guerra porque diputados como él (y otros que muchos tenemos en mente) debieron plantarse antes de que el Congreso aprobase esa norma que sabían que desbordaba la Constitución. La constitucionalidad de una norma no es una cuestión de más o menos. La lectura de este artículo de Peces Barba debería llevar a más de uno a hacer examen de conciencia, de conciencia política, y tomar decisiones consecuentes con el resultado del examen, que es suspenso.

Los representantes catalanistas de los partidos catalanes, incluido el Partido Socialista de Cataluña, han interpretado la sentencia contrariamente en términos cualitativos, y tienen razón. Son muy relevantes los 14 artículos que en todo o en parte el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y la interpretación que exige para garantizar la constitucionalidad de otros casi 30 artículos. La sentencia es un varapalo para el texto que salió del Congreso y fue aprobado en referéndum. La eficacia de la misma aclara algunas cuestiones que con mayor o menor ignorancia, en unos casos, o con mayor o menor intencionalidad, en otros, se han querido confundir. Señalemos dos: 1) no hay una soberanía distinta de la del pueblo español y, por lo tanto, no se puede interpretar el voto favorable de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña en favor del Estatuto como una expresión de la voluntad soberana que esté por encima de la Constitución; 2) el derecho a recurrir la constitucionalidad de cualquier norma está garantizado constitucionalmente y el Tribunal Constitucional es el garante de dicha constitucionalidad para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Muchos han querido –e insisten demagógicamente en ello– oponer una supuesta legitimidad del “pueblo catalán”, expresada en el referéndum de aprobación del Estatuto, a la desacreditada legitimidad del Tribunal Constitucional. El planteamiento es absurdo y da vergüenza oírlo en boca de algunos catedráticos de Derecho Constitucional. El descrédito que los políticos han causado –y causan– al Tribunal Constitucional por la falta de consenso (¡palabra clave en política!) para renovar a sus miembros en los plazos previstos y las artimañas de todo tipo que unos y otros han empleado para intentar que determinados magistrados no participasen en la votación de la sentencia, siendo muy criticables –el descrédito y las artimañas–, nada empecen la legitimidad del Tribunal Constitucional, que puede y debe decidir sobre la constitucionalidad de cualquier norma que se le someta a juicio. Por otro lado, debe estar claro que en una democracia liberal como la española el poder constituyente se convoca con determinados rituales y hay un único sujeto de soberanía. No cabe, por tanto, una lectura federal de la Constitución de 1978, lo que no es obstáculo para avanzar en el proceso de descentralización de competencias por vías constitucionales dentro del marco autonómico. Algunos consideran que es el momento de cerrar definitivamente el proceso autonómico e incluso de que el Estado central recupere algunas competencias –por ejemplo, la educación–; otros, por el contrario, entienden que la sentencia ha demostrado la inflexibilidad de la Constitución para profundizar en la descentralización y que hay que ir a un nuevo pacto constituyente que se debería hacer en términos federativos, que, aunque no todos lo expresan con total claridad, supondrían el reconocimiento de soberanías independientes a varios pueblos hasta ahora (y desde hace dos siglos) integrados en el único sujeto de soberanía, el pueblo español. Los federalistas insisten en que sólo así sería posible un verdadero encaje de Cataluña y el País Vasco en España y que de este modo se pondría fin al llamado “problema catalán” y “problema vasco”. No lo creo, pero no entraré ahora en ello.

El problema es que ambas posiciones se plantean de forma intransigente y con ese espíritu no se podrían alcanzar los consensos que requiere todo pacto constitucional. Ambas se consideran en posesión de toda la verdad. ¿Estarían los defensores de una España federal dispuestos a aceptar un mandato constituyente que supusiese una menor descentralización? Evidentemente no, pero es muy posible que muchos ciudadanos, quizá la mayoría –no es mi caso, pero mi voto sería uno más–, prefieran poner frenos a lo que consideran una descentralización excesiva. ¿Estarían los partidarios de la contención del actual sistema autonómico dispuestos a aceptar el reconocimiento de la diversidad plurinacional de España y de soberanías compartidas entre el pueblo español y los pueblos catalán, vasco, gallego... y cuantos quisiesen configurarse como soberanos? Pienso que tampoco. ¿En tales circunstancias tiene sentido rehacer el pacto que se produjo en la Transición? Eso deben meditarlo los que apuestan por esta vía.

Mi duda al respecto no debe interpretarse como un imperativo a no revisar aquel momento histórico. Cualquier etapa de la historia es revisable en términos historiográficos y en términos políticos, que son los que ahora nos ocupan, sobre todo porque el futuro depende de saber avanzar desde el suelo de las enseñanzas del pasado. El anquilosamiento puede ser tan malo como el salto al vacío.

Decía al principio que el síntoma principal de la crisis política es la confusión en el manejo de algunos principios, pero el síntoma más evidente de esta crisis es el desapego y hasta el desprecio que muchos ciudadanos sienten por la política y por los políticos, como si éstos no se ocupasen de sus problemas sino más bien de generarles algunos nuevos. La distancia entre la realidad de que los políticos dicen ocuparse y aquélla que viven los ciudadanos es enorme. La brecha se abre cada vez más y puede llegar a convertirse en una sima insalvable. Un vacío similar fue el caldo de cultivo de los totalitarismos en los años 30 del siglo pasado. La situación es completamente distinta porque ni salimos de los escombros de una guerra mundial que transformó la faz del orbe ni hay ideologías potentes que puedan presentarse como una alternativa a la democracia liberal, pero no juguemos con los principios si no queremos asumir peligrosos riesgos.